Sospecha que las autoridades locales encubren a los involucrados
Martes 5 de enero de 2010, p. 22
Guadalajara, Jal., 4 de enero. La Universidad de Guadalajara (UdeG) pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga tres averiguaciones previas y sume una cuarta, todas iniciadas por el Ministerio Público estatal tras el asesinato de un académico afín al ex rector Raúl Padilla López, el atentado contra su chofer y las amenazas de muerte a universitarios en correos electrónicos y en el foro de la página de Internet de Público, diario de circulación local.
La institución dijo sospechar de la pasividad y negligencia
de la Procuraduría General de Justicia del estado, pues no detuvo a los hermanos y policías ministeriales Richard y Gustavo Mancilla Valdez, acusados de participar el 26 de octubre en el atentado contra Andrés González Negrete, chofer de Padilla López; y en el asesinato, perpetrado el 10 de diciembre, de Fernando González Sandoval, director de la Preparatoria 7, consejero universitario y operador político del ex rector.
En un comunicado, la UdeG observó que los dos agentes resultaron implicados en ambos delitos durante las averiguaciones y por declaraciones del procurador estatal, Tomás Coronado Olmos. Además, las diligencias respectivas se hicieron de manera irregular e irresponsable, porque se alteraron declaraciones, se manipularon y omitieron pruebas periciales y las actuaciones del Ministerio Público no son congruentes con las declaraciones de testigos
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Este lunes el representante legal de la UdeG, Francisco Javier Peña Razo, presentó formalmente la petición al titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, ante la serie de graves omisiones y contradicciones
observadas, y por el presunto encubrimiento
de las autoridades locales a los autores materiales e intelectuales de los atentados.
La UdeG también pidió a la PGR investigar las amenazas de muerte contra universitarios, porque se trata de acciones tipificadas como delincuencia organizada y terrorismo; pese a ello, afirma la institución, las autoridades mantienen un proceder omiso, negligente y hasta malintencionado
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