Ciudad Juárez, Chih., 4 de enero. Varios pistoleros asesinaron el domingo por la tarde, fuera de un expendio de barbacoa, a Josefina Reyes, activista del valle de Juárez que encabezó el movimiento contra la represión, la violencia y la violación de los derechos humanos por parte del Ejército Mexicano y la Policía Federal.

La luchadora social obtuvo notoriedad en el verano de 2008, con una huelga de hambre frente a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir que apareciera su hijo, levantado (plagiado sin intención de obtener rescate) por militares, recordó Cipriana Jurado, integrante de la Coordinadora de Organizaciones de la Sociedad Civil.

Josefina Reyes, agregó, fue reprimida y detenida el año pasado por encabezar diversas protestas. Otro de sus hijos murió asesinado en el valle de Juárez, dentro del contexto de la militarización del estado.

El agosto de 2008 la activista participó en el Foro contra la Militarización organizado por el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), tras el cual se efectuó una marcha por la paz y el respeto a las garantías individuales, y el 21 de ese mes un comando militar secuestró por la noche a varios habitantes del poblado de Guadalupe, en el valle de Juárez, entre ellos a Miguel Ángel Reyes Salazar, hijo de Josefina, recordaron testigos.

Dos días después de la marcha, otro comando militar sitió la privada donde se halla el domicilio de Gero Fong, uno de los líderes del FNCR, y después llamaron al arrendador desde la Secretaría de Gobernación para investigar si era una casa de seguridad o el escondite de un grupo subversivo, relataron.

La propia Cipriana Jurado –activista del Centro de Investigación y Solidaridad– estuvo en huelga de hambre junto con Josefina Reyes, y dijo ser objeto de intimidación por parte del Ejército junto los defensores de los derechos humanos que también exigen castigar a los asesinos de Saúl Becerra e investigar la desaparición forzada de los hermanos Carlos y José Luis Guzmán Zúñiga.

Los casos mencionados, dijo, están documentados por Amnistía Internacional (AI) en sus nuevos informes de violaciones a los derechos humanos en México.

A su vez, Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que denunció amenazas de integrantes de las fuerzas armadas y se refugió en El Paso, Texas, dijo vía telefónica que la ejecución de Josefina fue un crimen como los perpetrados en el municipio de Nuevo Casas Grandes durante 2009.

También dio a conocer que está en marcha la organización de una campaña binacional contra la impunidad militar y se iniciaron gestiones ante las autoridades y organizaciones de derechos humanos a fin de garantizar las actividades de defensores de las garantías individuales como Cipriana Jurado y dos de sus compañeros, ante las tentativas de amedrentamiento por parte de oficiales castrenses al iniciar averiguaciones previas ante el Ministerio Público militar.