Río de Janeiro, 3 de enero. El líder del Senado brasileño, José Sarney, estuvo a punto de acabar con su carrera política de 50 años, cuyo ápice fue la presidencia de 1985 a 1990, al protagonizar en este país el mayor escándalo de corrupción de 2009.

La supervivencia de Sarney amplió la imagen de impunidad de los políticos de este país. En mayo surgieron las primeras informaciones sobre medidas ocultas del Senado que favorecían a parientes y amigos de políticos. Y un mes después, el escándalo estalló cuando el diario O Estado de Sao Paulo reveló la existencia de más de 300 actos secretos para el nombramiento de nuevos funcionarios y aumentos salariales en beneficio de los apadrinados.

Las denuncias se multiplicaron. Se hizo público que por lo menos 663 de esas medidas no publicadas estaban vigentes desde hacía más de una década. En ese lapso, Sarney presidió el Senado por dos bienios (1995-1997 y 2003-2005) y otros tres presidentes de la cámara alta tuvieron que renunciar para evitar la proscripción política debido a irregularidades cometidas.

Varios parientes de Sarney estaban entre los beneficiados de los actos secretos ejecutados por los directores generales, funcionarios de carrera de la institución que probablemente serán los únicos castigados, aunque parece imposible que hayan actuado sin órdenes de los dirigentes políticos.

Se descubrió además que la cámara alta tenía 181 directores entre sus más de 10 mil funcionarios, incluidos subcontratados y prestadores eventuales de servicios, y que 350 tienen remuneración superior a la máxima autorizada legalmente, que es la de los jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil.

Avalancha de denuncias

El Senado se compone de 81 escaños, con tres representantes de cada uno de los 27 estados brasileños. Es la casa del federalismo. La crisis no es mía, es del Senado que debemos preservar, se defendió Sarney ante la avalancha de denuncias difundidas por la prensa en las que aparecen dos de sus sobrinas y un nieto nombrados irregularmente, así como grabaciones telefónicas clandestinas, que lo comprometen con varios actos secretos.

Contribuyó decisivamente a salvarlo el apoyo activo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva. No se puede tratar a Sarney como a una persona común, justificó el mandatario, defendiendo la alianza que considera indispensable para las elecciones presidenciales de octubre de 2010, entre su Partido de los Trabajadores (PT) y el Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Sarney comanda un sector importante del PMDB, aunque construyó su carrera entre los políticos que apoyaron a la dictadura militar (1964-1985) y que hoy se encuentran mayoritariamente en otros partidos.

Once pedidos para someterlo al Consejo de Ética del Senado, que hubieran podido llevar a su inhabilitación política, fueron archivados sin debate, neutralizando una ofensiva de la oposición.

El senador Flavio Arns dejó el PT en agosto tras declararse avergonzado de pertenecer a un partido que echó a la basura su bandera ética al defender a Sarney.

El escándalo perdió repercusión en los meses siguientes y fue sepultado en noviembre, por lo menos en la prensa, por otro que puso en el banquillo al gobernador del Distrito Federal, José Arruda, acusado de distribuir propinas a los diputados de la capital con dinero obtenido ilegalmente de varias empresas.

Las denuncias contra Arruda fueron hechas por el ex secretario de Relaciones Institucionales de su propio gobierno, Durval Barbosa, reo en más de 30 procesos judiciales por fraudes varios, quien decidió colaborar con la policía para beneficiarse con la reducción de sus penas.

La operación de la policía federal, subordinada al Ministerio de Justicia, se desató con el título de Caja de Pandora y cuenta con muchas grabaciones telefónicas clandestinas y documentos que involucran a numerosos políticos y empresarios en la red de corrupción que habría favorecido a algunas empresas en las licitaciones.

El escándalo ganó el apodo de “mensalão de Brasilia”, por su similitud con el de 2005, que involucró a varios dirigentes del PT allegados a Lula, en supuestos pagos mensuales a diputados del partido gobernante para asegurar sus votos en la aprobación de proyectos legislativos importantes.

Las denuncias provocaron renuncias de ministros y líderes del PT, sin la condena judicial de nadie hasta ahora, pero interrumpió la carrera de algunos políticos que eran apuntados como posibles sucesores de Lula, como el ex jefe de la casa civil de la presidencia, José Dirceu de Oliveira, y el ex ministro de Hacienda, Antonio Palocci.

Arruda dejó el Partido Demócratas (DEM) para evitar la expulsión y perdió así condiciones para disputar la relección en octubre de 2010. El escándalo debilitó al DEM, del que Arruda era el único en una administración estatal, y por ende la alianza opositora entre esa fuerza y el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).

Fue el Poder Legislativo el más afectado por los escándalos de corrupción en 2009. Antes de la crisis del Senado, que estimuló a quienes impulsan la extinción de esa cámara, cerca de la mitad de los 513 diputados fueron involucrados en la llamada jarana de los pasajes. Recursos públicos que les son entregados para viajar a sus lugares de origen y cumplir sus misiones parlamentarias, fueron destinados a viajes de turismo de parientes y amigos y a otros gastos de carácter personal.

Algunos reconocieron el error y devolvieron el dinero, pero la mayoría justificaron sus irregularidades en la ausencia de reglas precisas para el presupuesto de sus oficinas parlamentarias.

El año termina así con el Poder Legislativo cada vez con menos credibilidad. Es una de las instituciones que siempre estuvieron entre las de menor confianza manifestada por la población en las encuestas.