Guadalajara, Jal., 3 de enero. Durante el relevo de los ayuntamientos en la zona metropolitana de Guadalajara, el priísta Antonio Mateos Nuño no tuvo acceso a la contabilidad del municipio de Tonalá; y en Tlajomulco las autoridades, emanadas de los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, iniciaron el arqueo de caja en varios órganos locales, ante los indicios de que sus antecesores panistas hicieron grandes negocios inmobiliarios.

El cambio de alcalde tuvo lugar el 31 de diciembre, pero cuatro días antes el edil saliente de Tonalá, Jorge Vizcarra Mayorga, contrató una deuda de 400 millones de pesos, a pesar de que el 27 de octubre pasado Tribunal Administrativo del Estado concedió a la hoy ex regidora Gladys López una suspensión provisional de nuevos empréstitos.

Vizcarra Mayorga –quien estuvo preso un año por acusaciones de corrupción y por su presunta participación en el asesinato de un subalterno– entregó la administración a Antonio Mateos y presumió de irse con la frente en alto, aun cuando en los últimos días de su gobierno se giraron más cheques que en todo 2009 para pagar a acreedores. De cualquier forma, las nuevas autoridades enfrentan cuantiosas obligaciones.

Luis Ramón Esparza, tesorero entrante de Tonalá, dijo que se deben ocho millones de pesos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 16 millones a la Dirección de Pensiones del estado, además de 15 millones el cabildo autorizó pagar a un particular que vendió la cresta del cerro de la Reina, lo que suma unos 100 millones de pesos de vencimiento inmediato, que incluyen 6.8 millones por servicio de la deuda.

Empero, sólo son estimaciones, pues el nuevo tesorero no ha recibido la contabilidad municipal. Sus antecesores pagaron a morir y seguramente tratan de cuadrar los números, pero la administración entrante podría estar al filo de la insolvencia, máxime si hay un gasto corriente demasiado alto.

En Tlajomulco, donde por vez primera ganó el PRD en alianza con el PT, el alcalde Enrique Alfaro dijo que no encubrirá anomalías y cerró las oficinas del padrón de licencias y de obras públicas para hacer un arqueo, ante los indicios de que la pasada administración panista hizo un cuantioso negocio con varias empresas constructoras.

En Guadalajara, el nuevo ayuntamiento sólo anunció que revisará las pautas de movilidad urbana y los permisos otorgados por debajo de la mesa para la cuestionada ruta 2 del Macrobús. El nuevo alcalde, el priísta Jorge Aristóteles Sandoval, se comprometió a crear más líneas de tren eléctrico.

En Tlaquepaque, Miguel Castro Reynoso empezó su segundo periodo aplicándose un recorte salarial de 50 por ciento para quedar en 25 mil pesos mensuales, y aplicará una rebaja de 20 por ciento a los ingresos de las 60 principales carteras de la administración, a fin de usar esos fondos para obras sociales.

En Zapopan, el empresario Héctor Vielma Ordóñez anunció que durante su primer año de gobierno percibirá un peso mensual de salario y despedirá regidores y funcionarios de primer nivel; además, advirtió que los préstamos contratados por la anterior administración panista serán revisados, pues se aprobaron de manera discrecional.