Cancún, QR, 3 de enero. Más de 150 colonos que compraron legalmente alrededor de 300 hectáreas en la costa de Tulum a ejidatarios están siendo despojados, amenazados y encarcelados por empresarios que se dicen legítimos propietarios, acusó Juan de la Torre, presidente de la Asociación de Colonos y Hoteleros Turístico-Ecológicos Pino Suárez.

En 1973, recordó, se emitió un decreto presidencial que integró al ejido Pino Suárez terrenos baldíos propiedad de la nación que estaban en poder de Antonio González Avilés.

Sin embargo, mediante maniobras seudolegales se violó el decreto y el terreno fue vendido y subdividido en 70 partes. En esas operaciones han participado desde la Secretaría de la Reforma Agraria hasta el Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo, señaló.

Con complicidades, asociaciones y parentescos políticos, sembrando demandas no notificadas, con intimidaciones, uso ilegal de la fuerza pública y desaparición de documentos están intentando quedarse con la única playa del Caribe que conservan pequeños hoteleros, dijo.

Agregó que el grupo empresarial de los Garza Ponce, de Monterrey, Nuevo León, y las familias Schiavon, Montemayor García y Villarreal Elizondo pretenden quedarse con las tierras.

De la Torre explicó que el 25 de febrero de 1972 el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización emitió un dictamen para crear el ejido Pino Suárez. Había 105 hectáreas ocupadas por Antonio González Avilés, que según el artículo 86 de la Ley de Terrenos Baldíos Nacionales eran propiedad de la nación, y otras 10 hectáreas de Felipe Hernández Colli.

El 11 de diciembre de 1973, prosiguió, el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez publicó un decreto que ordena crear el ejido Pino Suárez y se formaron 49 unidades de dotación de 20 hectáreas cada una, entre ellas las de González Avilés y Hernández Colli.

El decreto dice que en total son unas 10 mil 409 hectáreas y la superficie deberá ser localizada de acuerdo con el plano aprobado por el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización.

Acotó que el 22 de abril de 1981 se elaboró el acta de posesión y deslinde definitivo de la Reforma Agraria, en el cual, de manera inexplicable, el ejido quedó 400 metros alejado del mar y fuera del mapa. Ese documento sólo lo firmaron 19 de 49 ejidatarios.

El 19 de septiembre de 1981 se cancelaron los derechos agrarios de 37 campesinos por haber dejado de trabajar la tierra y se entregaron 42 nuevos títulos. Entre esas cancelaciones aparecen las de Antonio González Avilés y Felipe Hernández Colli, detalló.

Con esta maniobra, explicó De la Torre, “le quieren dar validez al documento de la Reforma Agraria por encima del Diario Oficial de la Federación”.

Los ejidatarios consiguieron posteriormente certificados de derechos agrarios avalados por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Muchos vendieron sus tierras, pero al mismo tiempo empresarios las compraron con base en el título de propiedad de González Avilés.

Indicó que existe una nota de cancelación que data de 1985, la cual aclara que el documento de González Avilés quedaba sin efecto. La asociación de colonos tiene copia certificada de ese título que consiguió en 1989.

En 2004, cuando buscaron el original en el Registro Público, había desaparecido. Los colonos se quejaron y mostraron su copia. El título apareció, pero con una anomalía: le habían arrancado la hoja de la cancelación de la propiedad a González Avilés.

Después los colonos recuperaron la hoja con otra alteración que decía: Ojo: no efectuar ningún acto relacionado con este predio, quedando sin efecto la nota que antecede hasta nueva orden, firmada por el jefe del área jurídica, Ernesto Gabourel. la modificación, señaló, se hizo por orden del ex director del Registro Público, Daniel Montiel, uno de los hombres de confianza del ex gobernador Joaquín Hendricks Díaz. Es algo insólito: una cancelación de la cancelación, realizada por alguien que no tenía facultades, apuntó.

Ante esta situación, dijo, se ha pedido la nulidad de la subdivisión del predio. El caso se encuentra pendiente y están en juego más de 10 kilómetros de playa en el mar Caribe, que valen cientos de millones de dólares.