Al menos 17 personas fueron defraudadas al adquirir en 2001 otros tantos departamentos en un trámite en que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) fungió como intemediario. Nueve años después están a punto de perder su inversión, pues el edificio, por el que el instituto y un notario público dieron su aval, estaba hipotecado.

De acuerdo con los documentos oficiales, en julio de 2001 los afectados fueron citados por el Infonavit para que en sus oficinas centrales firmaran las escrituras de dichas viviendas, ubicadas en la calle de Bilbao número 51, en la colonia San Nicolás Tolentino de la delegación Iztapalapa.

El texto precisa que por escritura número treinta y ocho mil trescientos diez, de fecha 11 de julio del año 2001, otorgada ante el licenciado Ricardo Rincón Guzmán, notario número 123 del Distrito Federal, pendiente de inscripción en el Registro Público de la Propiedad por lo reciente de su otorgamiento, la señora Elizabeth Buenrostro Mondragón, canceló la hipoteca que existía sobre los departamentos del edificio D del inmueble relacionado en el antecedente inmediato anterior en favor de la empresa denominada Grupo Constructor Progreso del Sur, que fue la que construyó los edificios.

Sin embargo en diciembre de 2006 los afectados recibieron la notificación de que existía un juicio sobre los 17 departamentos adquiridos a través del Infonavit, ya que no había sido liquidada la hipoteca, por lo que un juez determinó que los mismos se remataran.

Para entonces, el dueño de los departamentos ya no era la constructora. Como instancia responsable, el Infonavit ofreció los servicios de un abogado para establecer un juicio de tercería.

El mismo resultó contrario a los afectados, a quienes se les señala ahora como negligentes por no verificar que la escritura estuviera en el Registro Público de la Propiedad, trámite que debió correr a cargo del Infonavit y del notario.

Como ciudadana trabajadora, honrada y cumplidora en el pago de mis impuestos, me siento defrauda y sin ningún apoyo por parte de las autoridades, ya que una institución como el Infonavit, en la cual yo deposité mi confianza y finqué mis ilusiones de contar con un patrimonio al cual tengo derecho por ley, me entregó un crédito sobre un departamento que tiene problemas legales, al tempo que hace convenios o contratos con constructoras fraudulentas, afirma Martha García Vega, una de las afectadas.

Añade que la notaría 81 certificó en su momento que la escritura estaba libre de gravamen, lo que resultó falso.

“Han pasado ocho años en los cuales yo sigo pagando mis cuotas puntualmente al Infonavit, donde me he visto involucrada en un juicio con abogados, he tenido que faltar a mi trabajo para presentarme en audiencias y he sido maltratada en el Infonavit, ya que hemos acudido en múltiples ocasiones y no se nos da ninguna solución.

En estos ocho años he vivido intranquila, lo que ha afectado mi vida familiar. Al final me doy cuenta que los ciudadanos estamos indefensos ante las autoridades. Me preguntó cuántas familias más están involucradas en problemas de este tipo, interrogó García Vega.