México posee unas 240 islas, una riqueza natural que no ha sido explorada, de la que ni siquiera se cuenta con un registro puntual, lo que permitió la pérdida de la isla Clipperton, tras un fallido litigio con Francia, la extraña desaparición de la Bermeja, en la rica zona petrolera del Golfo y los intentos de particulares de quedarse con porciones insulares, como sucedió recientemente con el empresario Gastón Alegre López.

El también político y ex legislador se apropió de la isla Tizikipal, también conocida como Tizipal o Ziquipal, ubicada frente a Quintana Roo, pero el Estado mexicano la recuperó, tras una batalla legal, en la que la Suprema Corte le dio al final la razón.

Sin embargo, muchas más pueden estar en manos de particulares, aunque con ello se viole la Constitución, advirtió el senador del PAN Luis Alberto Coppola Joffroy, quien desde 2007 ha insistido en que el Congreso intervenga y por principio, pida al gobierno federal elaborar un catálogo general del territorio insular mexicano, y remitir a ese órgano legislativo un informe sobre la situación jurídica de cada isla.

Coppola denunció que, a pesar de ser de jurisdicción federal, algunos gobiernos estatales y municipales pretenden administrar y hasta vender islas que se encuentran en sus litorales. Por ejemplo, el gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, quien el pasado 27 de octubre pidió al Congreso local que le autorice a promocionar, licitar y en su caso, enajenar, a título oneroso, una fracción del predio Punta Belcher, en la isla Bahía Magdalena, frente al municipio de Comundú.

En enero de 2008, el entonces presidente de esa localidad, Marcos Covarrubias Villaseñor, pretendió depositar Bahía Magdalena como garantía para lograr un empréstito, lo que fue una aberración jurídica, ya que las islas son exclusivamente de administración federal, no estatal y mucho menos municipal.

Explicó que el artículo 48 constitucional dice que las islas dependen de la Federación, excepto las que hasta la fecha de la promulgación de la Constitución, el 5 de febrero de 1917, hayan ejercido su jurisdicción los estados.

Ello significa, detalló, que los estados costeros que pretenden retener alguna isla, deberán demostrar que, además de contemplarlas en su legislación, han aplicado el derecho local en los territorios insulares. La única que tiene ese estatuto jurídico es la isla del Carmen, Campeche, mismo que le concedió en abril de 1863 el entonces presidente Benito Juárez.

No es el caso, insistió, de Bahía Magdalena, pues en 1917 Baja California Sur no era aún estado de la República, por ello el gobernador Agúndez no tiene facultades para pedir que se le permita enajenar una porción de la misma.

Hay versiones, dijo, de que varias de las islas en los litorales de esa entidad se han privatizado. Incluso, Filiberto Beltrán, presidente de la Sociedad de Cooperativas Pesqueras Puerto San Carlos, denunció que el inversionista Luis Raymundo Cano Hernández pretendía adueñarse de la isla Magdalena mediante argucias legaloides y en contubernio con las autoridades estatales. Se entiende la codicia, pues está en una zona de enormes potenciales pesqueros, que posee especies marinas riquísimas y una gran reserva natural.

Un fragmento de la isla Tiburón, la más grande del país, frente a las costas del estado de SonoraFoto José Carlo González /Archivo

El también presidente de la Comisión de Turismo del Senado, explicó que como sudcaliforniano le preocupa que se pretendan agandallar esa isla, por lo que ya pidió a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que se le declare área rural protegida, antes de que particulares se la queden.

Territorios inexplorados

Las gestiones del legislador han sido muchas. El mes pasado solicitó al Inegi un informe sobre cuántas de las 240 islas mexicanas están en manos de particulares y seguirá insistiendo, a fin de que el Senado pida al Ejecutivo federal un informe con puntual exactitud de la situación que guarda el inventario y registro de las islas, cayos y arrecifes que componen el sistema insular mexicano.

La Secretaría de Gobernación es la facultada para elaborar ese catálogo y en la actualidad hay estudios de diversas dependencias, que contienen fuertes discrepancias en cuanto a la cantidad y nombres de las porciones insulares. Contar con registro fidedigno de islas y archipiélagos permitiría generar proyectos sustentables para esa otra parte de nuestro territorio que no hemos explorado.

Las islas, además, juegan un papel preponderante para la salvaguarda de la delimitación de espacios en la zona marítima exclusiva. Haber descuidado la isla Clipperton, un atolón en el Pacífico, al sudoeste de Punta Tejupan, Michoacán, hizo que en 1931 Francia se quedara con ella. En 2005 se suscitó un conflicto entre ambas naciones, cuando un buque galo detuvo a la embarcación atunera mexicana Arkos I. Chiapas, porque se encontraba en aguas de jurisdicción francesa.

Dos años duraron las negociaciones entre los gobiernos de México y Francia y en marzo de 2007 se concedieron licencias gratuitas para que las embarcaciones mexicanas pescaran en junto a Clipperton, región de la que se obtiene de 20 a 30 por ciento de las capturas nacionales de atún.

La otra gran pérdida, insistió, es la isla Bermeja, que al parecer se hundió en los años 70. Su importancia radica en que establecía los lindes marítimos entre México y Estados Unidos en torno a los hoyos de dona del Golfo de México, zona rica en petróleo y minerales.

Investigadores consideran que si en 1997 la medición hubiera sido a partir de la Bermeja, la mayor parte de los hoyos de dona habrían sido para México.