Durante 2009 los cristianos evangélicos sufrieron diversos actos de intolerancia y discriminación religiosa. Un balance realizado por la organización Voz de los Mártires documentó más de 40 casos en Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Nayarit y Guerrero, donde las propias autoridades locales reconocieron que existen focos rojos por la violación de los derechos humanos de los practicantes de este credo. 

Ante esto, iglesias cristianas evangélicas en conjunto con Voz de los Mártires exigieron al titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a la Presidencia de la República y al Legislativo que se integre una oficina dedicada a resolver los problemas de esta índole, pues las direcciones y subsecretarías de asuntos religiosos han quedado rebasadas en sus distintos ámbitos de competencia, establece el diagnóstico.

Voz de los Mártires lamentó que Gobernación no reconozca la mayoría de los casos, ya que esta dependencia documentó oficialmente en los anexos del tercer Informe de gobierno que sólo se tiene registrado un caso de intolerancia religiosa, haciendo evidente su desinterés para resolver los problemas en los que hay desde agresiones físicas hasta expulsiones, sobre todo en zonas indígenas.

Dicha ONG agregó que pese a las denuncias que se han puesto en contra de quienes cometen delitos graves, como la privación ilegal de la libertad y amenazas de muerte no sean sancionados con apego a la ley, y apuntó que es criticable que las oficinas encargadas de asuntos religiosos desvirtúen y oculten los casos que llegan a presentar las iglesias evangélicas y organismos de la sociedad civil en esas dependencias.

Resaltó que en 2009 se “documentó también el contubernio entre autoridades locales con grupos católicos dedicados a cobrar cuotas a evangélicos para sufragar gastos de sus fiestas religiosas, lo que constituye una violación al artículo segundo de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que señala que nadie puede ser obligado a prestar servicios personales ni a contribuir con dinero o en especie al sostenimiento de una asociación, iglesia o cualquier otra agrupación religiosa ni a participar o contribuir de la misma manera en ritos, ceremonias, festividades, servicios o actos de culto religioso.

El primer incidente de 2009 ocurrió el 15 de enero en la comunidad de Amolera, municipio de Tuxpan de Bolaños, Jalisco, donde un grupo de 36 huicholes de la iglesia Bautista fueron amenazados de muerte por autoridades locales por profesar la religión evangélica. El año cerró con otro acto de intolerancia el pasado 30 de diciembre en San Juan Chamula, Chiapas, cuando indígenas católicos desmantelaron un templete y mantuvieron privado de su libertad por varias horas al pastor Javier Collazo para impedir la realización de un culto público en la plaza central de la localidad.

Voz de los Mártires también destaca como acto de discriminación el hecho de que el 8 de diciembre la bancada del PRI en la Cámara de Diputados haya presentado una iniciativa para sancionar hasta con 12 años de cárcel a quien instale y opere radiodifusoras sin los permisos y concesiones correspondientes, pues este es justamente uno de los problemas de diversas agrupaciones civiles, cuyos integrantes profesan esa religión y cuyas emisoras han sido desmanteladas y otras están en proceso de obtener permisos.