Los gastos que realizan las naciones latinoamericanas por la aplicación de las pruebas a sus estudiantes –que ahora forman parte de una política del mercado global– fluctúan entre entre 100 mil dólares y hasta 6.5 millones de dólares por país, así que el costo de cada examen por alumno va de 2.5 dólares a 100 dólares, revela el Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL).

Cabe recordar que hay estados de la República Mexicana donde el gobierno federal apenas destina 70 dólares anuales (923 pesos) por alumno en el caso de los hijos de familias jornaleras migrantes, según evaluación del Programa de Educación Prescolar y Primaria para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (Pronim).

En Los costos de las evaluaciones de aprendizaje en América Latina, única investigación que se ha publicado hasta el momento sobre el caso particular en la región, el PREAL da cuenta del incremento del costo de dichos exámenes frente a presupuestos educativos bastante pequeños debido al reducido producto interno bruto (PIB), a la baja recaudación tributaria y a una falta de claridad en las prioridades.

A su vez, el PREAL determina que los costos de participación en las pruebas internacionales fluctúan entre 300 mil a 600 mil dólares en algunas naciones de la región. Sin embargo, hay de gastos a gastos.

Formar parte del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) –el cual aplica México desde que fue realizado por primera vez en 2000– tiene un costo más elevado en comparación con otros, como el Programa de Evaluación Regional de la UNESCO, estimado en 166 mil dólares por país.

Además de que sólo el derecho de participar en PISA cuesta 100 mil dólares a cada nación, Perú pagó por la preparación de la prueba 171 mil dólares, para su aplicación otros 128 mil dólares, por la corrección y análisis 49 mil dólares y por la difusión de resultados 33 mil dólares. En total erogó 480 mil dólares con un costo por estudiante de 92 dólares, cifra que representa la sexta parte de la inversión por educar a un alumno en aquella nación.

El gobierno mexicano no ha hecho pública la información sobre lo que gasta en una serie de pruebas propias y extranjeras que aplica como parte de su política educativa. El estudio advierte que cuando no se utiliza la información de las evaluaciones, como ocurre en el caso de México, según han denunciado expertos, éstas pueden ser consideradas como un mal uso de los fondos públicos.

Al analizar la erogación que han realizado cinco países latinoamericanos –Chile, Colombia, Honduras, Perú y Uruguay–, el PREAL apunta que Honduras, por ejemplo, gastó casi 2 millones de dólares en 2002 y 2.3 millones de dólares en 2004. Dichos costos representaron entre 0.28 por ciento y 0.33 por ciento del presupuesto nacional asignado a la educación primaria. Éste es un monto significativo, si se considera que más de 90 por ciento del presupuesto de Honduras se destina a salarios de maestros y que el número de estudiantes evaluados es relativamente pequeño, refiere el estudio.

Enfatiza que los costos de evaluación varían mucho de un país a otro, aun cuando emprendan programas similares. Colombia evaluó a 96 mil estudiantes a un costo de 1.4 millones de dólares, mientras que Honduras examinó a 46 mil alumnos con 2.3 millones de dólares y Perú a 70 mil estudiantes con 4.9 millones de dólares.

El estudio establece que debido a las actuales capacidades no es recomendable evaluar a todos los estudiantes de todos los grados –tendencia que sigue México–, tal como está normado hoy día en Estados Unidos.