Defensores del medio ambiente y de sus comunidades que participan activamente para impedir la devastación de bosques o se manifiestan contra proyectos que dañan su hábitat, en algunos casos han encontrado la muerte. Sólo en este año asesinaron a cinco activistas y algunos otros fueron heridos en atentados.

Mientras esto ocurre, la política ecológica del país está concentrada en el cambio climático, como queda de manifiesto en los mensajes del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Elvira Quesada. En agosto, el funcionario reconoció que ha sido objeto de presiones de legisladores, inversionistas, gobernadores y alcaldes para la autorización de proyectos.

Incluso, Raziel Villegas, director de Impacto Ambiental y Zona Federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), recibió en su teléfono una amenaza de muerte mientras participaba en operativos de clausura de hoteles en Cancún. Esto revela que la defensa de los recursos naturales se ha convertido en una actividad de riesgo.

La víctima más reciente es Mariano Abarca, ambientalista y activista por los derechos humanos, quien el pasado 27 de noviembre fue asesinado por dos individuos afuera de su domicilio; recibió tres impactos de bala en el cuello y en el pecho. Abarca fue integrante de la organización Dos Valles Valientes, opositora a la minera canadiense Blackfire Exploration, que explota el mineral barita en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, e integraba la Red Mexicana de Afectados por la Minería.

El Centro Fray Bartolomé de las Casas sostuvo que a pesar de las amenazas de muerte que funcionarios de la empresa habrían hecho a Abarca, las cuales fueron denunciadas públicamente por el luchador social, las autoridades de procuración de justicia no le brindaron la seguridad necesaria. Asimismo, demandó garantizar la integridad de los familiares del activista y de los miembros de la asociación civil a la que pertenecía.

En tanto, Miguel Ángel Pérez, comunero de Tepoztlán que pertenecía al Consejo de Pueblos de Morelos –trabajaba en defensa del agua y la tierra–, fue ultimado el 31 de octubre. Ese día fue citado –se desconoce por quién– a las 11 de la mañana en un sitio cercano a Ahuatepec, para realizar un presupuesto de herrería, misma que trabajaba en su domicilio ubicado en la colonia Tetecolala, colindante con Civac, en los límites entre los municipios de Jiutepec y Tepoztlán.

De acuerdo con el consejo, esto ocurrió antes del Encuentro Indígena realizado en la comunidad de Coajomulco, donde a partir de las 16 horas recibirían a la delegación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco; Miguel Ángel ya no llegó a la reunión. Su familia lo buscó todo el sábado; tuvieron noticias de él hasta el día siguiente, cuando personal de la Funeraria Morelos fue a su domicilio y pidió a la esposa del activista que se trasladara al Semefo de Cuernavaca para identificar el cuerpo.

El 16 de septiembre, el campesino Felipe Arreaga, ecologista y defensor de los bosques en la sierra de Petatlán, Guerrero, murió al ser embestido por una unidad del servicio público de esa localidad. El campesino había ido a cargar gasolina a su cuatrimoto y viajaba al Zapotillal para plantar árboles frutales. Circulaba sobre la carretera Acapulco-Zihuatanejo. Defensores de derechos humanos exigieron que se investiguen las circunstancias de su muerte.

En 2004 Arreaga fue encarcelado por el presunto homicidio de Abel Bautista, pero fue liberado 10 meses después, porque no se le probó nada. Mientras estuvo en prisión recibió el premio Chico Méndez, otorgado por la organización estadunidense Sierra Club, en reconocimiento a su defensa de los bosques. Fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional.

También, en Ajuchiotán del Progreso, Guerrero, el pasado 26 de junio fueron asesinados Leonel Castro Santana y su sobrino Ezequiel Castro Pérez, integrantes de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán.

El 29 de septiembre, Jesús Sánchez de la Barquera, activista del municipio de Jilotzingo, estado de México, fue víctima de un atentado con arma de fuego afuera de su domicilio, ubicado en el mismo municipio, el cual forma parte de la zona metropolitana de la ciudad de México, la cual es considerada de interés para diversos proyectos inmobiliarios e industriales por su cercanía con regiones como Interlomas o la Zona Esmeralda, según información de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

La ONG explica que Sánchez encabeza acciones en defensa de áreas protegidas y para evitar la explotación de los bosques y la urbanización de la zona ejidal. Varias veces ha denunciado violaciones al derecho de consulta de información, así como un limitado acceso a la justicia y violaciones al debido proceso en diversas demandas presentadas ante autoridades de todos los niveles. Tanto él como su familia han recibido amenazas a fin de que cesen sus actividades.

También en Jilotzingo, en marzo de 2008, el abogado Fernando Mayén Sánchez, quien representaba a 90 ejidatarios en contra de la instalación de un relleno sanitario, fue asesinado después de recibir amenazas para que cesara su intervención en litigios de tierras y de oposición a otros proyectos. Su muerte aún no se ha esclarecido.

En 2006, la empresa Confinam solicitó autorización para instalar en Jilotzingo un relleno sanitario de residuos, para lo cual no se consultó a las comunidades aledañas. A pesar de la inconformidad de los habitantes de dicho poblado, las autoridades concedieron el permiso. Entre las irregularidades denunciadas están que el sitio se encuentra en la poligonal del acuífero Pachuca-Cuautitlán y a metros de uno de los afluentes de la presa Madín, que surte de agua a Atizapán, Naucalpan y Tlalnepantla.