Indefinida, la fecha para la puesta en marcha de la nueva estructura reglamentaria
Representantes del gobierno y grupos sociales elaboran una guía de evacuaciones
Sábado 26 de diciembre de 2009, p. 8
Representantes del gobierno federal y de grupos sociales concluyeron la revisión de las normas en materia de protección civil de guarderías y estancias infantiles y elaboraron una guía de evacuaciones, con el fin de integrar una reglamentación nacional en este aspecto.
Aunque los trabajos se aceleraron tras el incendio en la guardería ABC, en Sonora, en junio pasado (que provocó la muerte de medio centenar de niños) aún no hay una fecha para la puesta en marcha de la nueva estructura normativa.
Laura Gurza, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, aclaró que ese cuadro básico
en ciernes tendrá medidas proporcionales en correspondencia al número de niños alojados, es decir, la finalidad es construir una guía con medidas mínimas de seguridad para esos espacios pero con la perspectiva de diferenciar cada una de las guarderías.
El trabajo de revisión de las normas de guarderías que operan actualmente fue hecho por los integrantes del consejo consultivo en materia de protección civil, encabezado por la Secretaría de Gobernación, con la participación de grupos académicos, sindicales, civiles y defensores de derechos humanos, entre otros. Este compendio de información ya fue entregado al sistema nacional de guarderías, el cual deberá proponer en breve las nuevas reglas especiales para estos inmuebles.
–¿Todas las guarderías del país podrán cumplir con las nuevas reglas?
–Todo depende de la óptica. No es lo mismo administrar 10 niños que 500. Entonces, los requerimientos y los protocolos de preparación y de respuesta para cada uno de ellos frente a una emergencia no son los mismos. Si bien puede haber un cuadro básico de medidas de seguridad, éstas son proporcionales al tamaño del operativo que requerirían, por ejemplo, ante la necesidad de evacuar un inmueble.
–¿Se empezarán ya a distribuir esos protocolos?
–La clasificación en referencia es parte del proceso para determinar el estándar que debemos construir en México para garantizar medidas de seguridad proporcionales al tamaño del riesgo y, en ese tenor, se generará una norma específica, dijo la funcionaria.
Ley General de Protección Civil
De manera paralela al manual general para guarderías, legisladores y gobiernos preparan la fase final de reforma hacia una nueva Ley General de Protección Civil en México. Se trata de un proyecto que si bien tiene detrás dos años de discusiones entre las diversas fuerzas políticas, podría concluir en el siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.
Aunque ya existe en comisiones del Senado un dictamen, éste debería tener algunos ajustes, consideró Gurza, especialmente porque el documento actual incluye la creación de un órgano desconcentrado (con los elementos de la actual coordinación nacional de Protección Civil) para que asuma responsabilidades de supervisión en todo el país (por encima de las estructuras municipales y estatales), lo cual no es operativamente posible debido al escaso presupuesto para este sector, dependiente de Gobernación.
Además, el dictamen “trae algunos enfoques que no son adecuados; por ejemplo, se incluye un capítulo específico para atender a la población rural pero no hay uno para la urbana. Lo importante en esta última fase de análisis, agregó, es que transitemos hacia una nueva visión no sólo de prevención sino de reducción de desastres.
Enfoquémonos en el riesgo, no en el desastre
, dijo.
La Coordinación Nacional de Protección Civil tiene un presupuesto ordinario reducido (alrededor de 150 millones de pesos al año); sin embargo, reviste importancia para los tres niveles de gobierno porque actualmente cuenta con un fideicomiso millonario, precisamente para hacer frente a emergencias y a reconstrucción ante desastres provocados por fenómenos naturales como terremotos o huracanes.
Tan sólo hasta noviembre pasado hubo 19 declaratorias de desastre que significan un aproximado de 5 mil 161 millones de pesos en términos de daños y se espera que al cierre del año la erogación programada llegue a 7 mil 500 millones de pesos. El año pasado, hubo 38 declaratorias de desastre que representaron poco más de 6 mil millones de pesos.