Oaxaca, Oax., 23 de diciembre. El juez cuarto de distrito del Poder Judicial Federal (PJF) condenó a Zacarías Pascual García López a 24 años de prisión y, a 13 años, a Justino Hernández José, zapotecas del municipio de San Agustín Loxicha, presos desde hace 13 años en el reclusorio regional de Etla y la penitenciaría central de Santa María Ixcotel.

Están acusados de conspiración, homicidio calificado, terrorismo y homicidio en grado de tentativa, derivados de su presunta participación en los ataques que el Ejército Popular Revolucionario (EPR) efectuó contra instalaciones policiales municipales y estatales, así como de la Armada de México, el 29 de agosto de 1996 en La Crucecita, Huatulco.

Minerva Martínez Lázaro, coordinadora general del Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (Barca-dh), dijo que la condena fue impuesta por el PJF en la reposición del proceso penal 13/1997 por los delitos mencionados ante un amparo otorgado por la propia justicia federal debido a las irregularidades habidas en el primer juicio.

Anunció que el Barca-dh, la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca y el colectivo Zapatista Oaxaca interpondrán un recurso de amparo para lograr la libertad de los indígenas ante la existencia de pruebas firmes donde se demuestra su inocencia.

Subrayó que el juzgador no pasó por alto las declaraciones autoinculpatorias pese a no ser pruebas contundentes para acreditar el delito, ya que fueron torturados por la policía, y la carencia de acervo probatorio idóneo y suficiente para sostener la presunta responsabilidad de los sentenciados, ya que testigos de cargo niegan haber hecho declaraciones acusatorias.

Uno de ellos, dijo, incluso denunció que fue detenido y golpeado por la policía para obligarlo a firmar la declaración contra García López y Hernández José.

Además, destacó, Eufemia Cecilia Luna José, esposa de García López, declaró ante el Ministerio Público que su esposo radicaba en una colonia de esta ciudad cuando ocurrió lo de La Crucecita, porque tenía un embarazo de alto riesgo y debía ser atendida en un hospital. Inluso la mujer mostró una acta de nacimiento de su hijo, fechada en esta ciudad, para probar su dicho. Otro testigo de descargo, Leonardo Hernández, manifestó que Hernández José se encontraba en la limpia del café el día de los hechos.