La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de Rosendo Radilla, que ordena al Estado mexicano a acotar el fuero militar, puso en el centro del debate el tema de la necesidad de reformar de inmediato el artículo 57 del Código de Justicia Militar (CJM) que, como parte del fuero de guerra, señala que los soldados que incurran en delitos contra civiles únicamente sean juzgados por jueces militares.

Para algunos abogados y defensores de los derechos humanos el fallo del tribunal internacional llega en un momento coyuntural para el país, en el que el combate al crimen organizado con la participación del Ejército Mexicano ha vulnerado los derechos humanos de cientos de personas.

En ese sentido, el penalista Félix Garza, quien defendió a los generales del Ejército Arturo Acosta Chaparro y Humberto Quirós Hermosillo, acusados de crímenes contra civiles durante el periodo de la guerra sucia; Mario Solórzano, asesor jurídico de la familia Radilla, que litigó el caso de Rosendo ante la CIDH, y Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), quien llevó el tema del fuero militar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), coincidieron en que es urgente que el Congreso de la Unión modifique el artículo 57 del CJM, el cual, dijeron, es inconstitucional.

Rigidez castrense

Pero los mandos del Ejército Mexicano no están de acuerdo con las opiniones de sus críticos. Ellos creen que la disciplina interna sólo se mantiene mediante la aplicación de la justicia militar que, supuestamente, es más rígida que la aplicada por los jueces que procesan a civiles.

En acatamiento al Código de Justicia Militar, la justicia castrense debe ser más severa que la justicia ordinaria, pues el militar inculpado debe ser sancionado doblemente, expuso en julio pasado el subprocurador general de Justicia Militar, coronel Alejandro Ramos Flores, durante un foro sobre fuero militar en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Con el coronel coincidió el doctor en derecho penal y ex subprocurador de la Procuraduría General de la República (PGR) Federico Ponce Rojas, quien aseguró en entrevista que el fuero militar es todo lo contrario a un privilegio para los integrantes de las fuerzas armadas, pues la justicia militar tiene penas más severas que la justicia civil.

Pero más allá de las opiniones de uno u otro bando es insoslayable el contenido de la sentencia de la CIDH –que es vinculante para el gobierno del presidente Felipe Calderón y lo obliga a acatarla– la cual fue notificada al Estado mexicano la semana pasada.  

El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala el fallo de la CIDH.

De acuerdo con los abogados Mario Solórzano y Santiago Aguirre, el siguiente paso es que la Secretaría de Gobernación presente una iniciativa de reforma para que los soldados sean juzgados en la jurisdicción ordinaria cuando cometan violaciones a los derechos humanos.

Actualmente hay siete iniciativas de reforma al Código de Justicia Militar estancadas en el Congreso.

El abogado del Centro Prodh dijo a La Jornada que si el Ejército Mexicano va estar en las calles [como parte de una lucha frontal contra el crimen organizado], lo mínimo que debemos [esperar] es que el fuero militar se restrinja, en los términos del artículo 13 de la Constitución, como, por lo demás, señala con muchísima claridad la CIDH en la sentencia del caso Radilla.

Ordenamiento útil

Sobre la inconstitucionalidad del artículo 57 del CJM, el penalista Félix Garza asegura que ese ordenamiento “ha servido a los efectivos y mandos del Ejército para mantener en la impunidad actos lesivos contra las garantías constitucionales de cualquier civil que hubiere sido afectado con las acciones antijurídicas de algún militar.

“Desde mi punto de vista, debe reformarse ese artículo 57, en acatamiento a la sentencia de la CIDH, máxime en el contexto que vivimos de una lucha anticrimen desplegada por el gobierno calderonista, en que se usa al Ejército y a las fuerzas armadas como policías cazadores de narcos, lo cual también es inconstitucional”.

Ni blindaje ni privilegio

Sin embargo, la posición de la cúpula militar frente a las voces que piden limitar el fuero de guerra para juzgar a soldados y mandos militares ante la justicia ordinaria, parece inamovible.

El pasado 15 de septiembre, durante la ceremonia de inicio y fin de cursos del sistema educativo castrense, en el Heroico Colegio Militar, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, defendió la jurisdicción militar, y aseguró que la justicia castrense “jamás será blindaje ni privilegio para sustraernos de obligaciones sustantivas. Nunca como forma de impunidad o instrumento para cobijar abusos.

Las resoluciones de estos juzgadores castrenses, son susceptibles de ser revocadas o modificadas por autoridades procesales que forman parte del Poder Judicial de la Federación, aseveró el general.

Su postura coincide con la del subprocurador general de Justicia Militar, Alejandro Ramos, quien sostuvo que esta jurisdicción especializada [fuero militar] fue concebida para que la sociedad tuviera la certidumbre de que el Ejército no se voltearía contra la propia sociedad.

El penalista Federico Ponce Rojas indica que sería un error eliminar por completo el fuero militar en medio de una guerra declarada por el gobierno federal a la delincuencia organizada, donde el Ejército y la Marina-Armada de México son los puntales de la estrategia anticrimen.