La comandancia general del Ejército Popular Revolucionario (EPR) demandó a las personalidades que integraron la Comisión de Mediación (Comed) que reconsideren reanudar el funcionamiento de ese organismo, para continuar con las gestiones a fin de localizar a sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde marzo de 2007.

En un comunicado, el EPR sostiene que ambos se encuentran en el Campo Militar Número Uno, pero, según se han enterado, la cúpula del Ejército pretende cambiarlos a un búnker de la Secretaría de Seguridad Pública federal, ubicado debajo de lo que fueron los juzgados del antiguo penal de Lecumberri, hoy sede del Archivo General de la Nación.

El EPR advierte que hay testimonios de personas que vieron muy golpeados, graves, por las torturas, a Reyes Amaya y Cruz Sánchez. Pese a ello y al destacado papel de la Comisión de Mediación, que realizó esfuerzos sobrehumanos para que presentaran a los compañeros, el capricho y la venganza del señor Felipe Calderón y la cúpula del Ejército lo han impedido, ya que niegan que estén en su poder, cuando todo mundo sabe que los tienen.

Los siguen torturando, asegura el EPR, y advierte que continúan las desapariciones forzadas y asesinatos de líderes sociales como política de Estado. Piden, por ello, que la Comed reanude actividades. Esperamos su respuesta con paciencia y la seguridad de su compromiso con la lucha por la justicia. De aceptar, daríamos a conocer el nombre de las personas que participarían en el desarrollo de esta encomienda.

En el escrito, signado también por el comité central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR), responsabilizan al presidente Calderón y al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, de no tener voluntad de dialogar con el pueblo ni de atender sus demandas.

Hay también, agregan, “falta de voluntad política para resolver todas las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del Ejército. La milicia ha declarado, con todo cinismo, que la estrategia que han desarrollado contra el crimen organizado es un ensayo para descubrir los focos rojos de descontento social y ubicar, es decir, reprimir a los luchadores sociales.

Advierten que a los militares que se les descubre que han violado derechos humanos e incluso asesinado a luchadores sociales, en lugar de juzgarlos los cesan para formar con ellos grupos paramilitares. Citan ejemplos: Lenin Ortiz Betancourt, hijo de dirigentes del Movimiento Democrático Magisterial Poblano; Fermín Mariano Matías, estudiante universitario originario de Puebla; Mariano Abarca Roblero, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería; Jordán López Aguilar y Ballardo Hernández de la Cruz, de la OCEZ, y Miguel Pérez Cazales, dirigente del Consejo de Pueblos de Morelos.

Fueron también asesinados la hija y el yerno de una de las madres de la ONG Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Se trata, sostiene el EPR, de hechos premeditados, dentro de la estrategia de guerra de baja intensidad que, como declara el representante de Amnistía Internacional en México, ni uno solo debería existir en un país que presume de democrático.

El grupo guerrillero pide que se juzgue a quienes son responsables de esos crímenes y de desapariciones forzadas, y menciona entre ellos al secretario de Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, a los gobernadores de Oaxaca, Ulises Ruiz, y de Puebla, Mario Marín.

El EPR alerta también a los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas de que el gobierno de Calderón, que sólo ha empleado hasta ahora contra ellos la represión selectiva, creyendo que al eliminar a los líderes descabeza las luchas populares, podría activar la represión masiva a su máxima expresión.