El grupo de abogados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ha encontrado unos 20 agravios (errores y falacias) en la sentencia de la juez federal Guillermina Coutiño, quien el pasado 11 de diciembre negó el amparo al gremio respecto al decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Señalaron que este miércoles presentarán el recurso de revisión ante un tribunal colegiado, aunque la fecha límite es el día 29.

Los representantes jurídicos de los trabajadores de LFC tienen dudas sobre la imparcialidad del Poder Judicial y refrendan su opinión acerca de la complicidad de una parte del Poder Legislativo con los planes del Presidente y su gabinete para cerrar unilateralmente el organismo que proveía energía eléctrica a la zona centro del país.

Incluso –comentaron–, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría atraer el caso, lo cual fortalecería la sospecha de que la juez fue presionada y que no se dejará que un tribunal resuelva.

Aquí se está luchando contra la fuerza del Estado: todo el Ejecutivo en contra, una parte del Legislativo cómplice y el Judicial ya dio muestras de que las cosas están bastante podridas, advirtió Carlos de Buen.

La suspicacia de los abogados obedece a que después de celebrar la audiencia constitucional, en menos de 24 horas la juez emitió una sentencia integrada por 400 hojas.

De Buen puntualizó diversas barbaridades en la sentencia, las cuales caen en el nivel de descaro. Obviamente hubo mano negra.

En principio –dijo–, Coutiño no acreditó relación de 6 mil 835 quejosos (integrantes del SME) con LFC, pero sin ofrecer argumentos determinó que unos sí tenían personalidad jurídica y otros no.

La juzgadora aseveró que el Ejecutivo tiene facultad discrecional para emitir decretos y da una prioridad absolutamente injustificada a los servicios públicos de energía eléctrica por encima de los derechos laborales, y asegura que para que los trabajadores conservaran su empleo LFC tendría que mantenerse viva.

Los abogados (del despacho De Buen y el de Raúl Carrancá) han argumentado que no se respetó a los trabajadores el derecho de audiencia y que tienen derecho a ser canalizados con un patrón sustituto.

–¿A qué cree que obedecen estos agravios?

–No son casualidad. Como se ha dicho, hubo mano negra; el origen podría ser del propio Legislativo o del Consejo de la Judicatura; ojalá me equivoque, pero no es lógico que una juez cometa tantas barbaridades en una sentencia.

Señaló que no se descarta un juicio con irregularidades en el tribunal colegiado: hay gente muy decente y muy capaz, pero también hay de las otras. No nos queda más que confiar en el Poder Judicial. El gobierno y sus cómplices –agregó– están apostando al desgaste del SME y de los trabajadores.

Cuando resolvieron ampliar el servicio del IMSS sólo a los trabajadores liquidados, presentamos un escrito al Presidente solicitando servicio médico para todos. Como sabían que eso les iba a traer un escándalo mediático, modificaron su decisión, pero sólo fue por miedo al escándalo.