Saltillo, Coah., 19 de diciembre. Familiares de 21 personas desaparecidas en diferentes ciudades coahuilenses entre enero y agosto de este año, al parecer a manos de la delincuencia organizada, exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría General de la República (PGR) el esclarecimiento de los hechos, pues hasta el momento, aseguran, ambas corporaciones les han dado con la puerta en la nariz, los traen a puras vueltas y no avanzan las investigaciones.

La mayoría de los desaparecidos son comerciantes sin vínculos conocidos con el crimen organizado, y entre los 21 también se encuentra Esteban Acosta Rodríguez, jefe de custodios del Centro de Readaptación Social (Cereso) varonil de Saltillo, levantado el 29 de agosto frente al aeropuerto Plan de Guadalupe, junto con dos hermanos y su hijo Brandon, de nueve años, por un grupo armado que los interceptó, les hizo bajar de su vehículo y se los llevó en un convoy de varias camionetas.

Además, el hijo de Arturo Rojo Flores desapareció el 21 de marzo en el norteño municipio de Piedras Negras, junto con otros 11 mexiquenses y tres vehículos de la empresa Atlanta Duramex, mientras vendían pintura casa por casa; sin embargo, cuando el padre pidió a la PGR avanzar en las investigaciones la respuesta fue que hay miles de personas reportadas como desaparecidas y no existen muchas esperanzas.

A ellos se les añade Antonio Verástegui González, encargado de una tienda Liconsa en el sureño municipio de Parras de la Fuente, levantado el 24 de enero junto a su hijo Antonio de Jesús –estudiante de ingeniería– cuando volvían de un acto religioso; además de Agustín Núñez Magaña, Sergio Cárdenas Córdova y José Flores Rodríguez, raptados el 22 de abril mientras ofrecían en venta un lote de joyas en comercios del municipio de Nava, conurbado a Piedras Negras.

Todo el tiempo las instancias investigadoras nos han dado con la puerta en la nariz, dijo Agustín Núñez, padre de otro secuestrado; y refirió que el pasado viernes, ante el disgusto de los familiares, el secretario de gobierno de Coahuila, Armando Luna Canales, ofreció informarles periódicamente sobre los avances de cada caso; mientras el diputado federal Rubén Moreira Valdés, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, se comprometió a vigilar las pesquisas.