Tuxtla Gutiérrez, Chis., 18 de diciembre. El Congreso local aprobó la Ley de Paternidad Responsable, que otorga derechos a las personas desde el momento de la fecundación, y revoca la pena carcelaria contra las mujeres que abortan pero les impone un tratamiento sicológico para reafirmar los valores de la maternidad.

Activistas por los derechos sexuales llegaron a la sede legislativa e irrumpieron en el salón de sesiones tras aprobarse la iniciativa. Denunciaron que es una ley antiaborto disfrazada que otorga derechos legales a los embriones, y exigieron al gobernador Juan Sabines que la vete y rechace su publicación.

La protesta hizo suspender la comparecencia de dos funcionarios, pues la sesión fue convocada para el desglose del reciente informe de gobierno, pero los 40 diputados abrieron un periodo extraordinario y aprobaron por unanimidad la iniciativa, que agrega un párrafo al artículo 4 de la Constitución y reforma y adiciona los códigos Penal y Civil estatales.

La Ley de Paternidad Responsable fue inmediatamente remitida para su votación en los 118 ayuntamientos del estado y la consiguiente publicación en el Periódico Oficial, pero su contenido no fue precisado durante el periodo extraordiario.

Sin embargo, un resumen de las reformas entregado por su impulsor, el priísta Mauricio Mendoza Castañeda, indica que el nuevo artículo 4 de la Constitución estatal reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano desde la fecundación hasta su muerte natural.

La reforma al Código Penal sustituye la pena carcelaria contra las mujeres que aborten, por un tratamiento médico integral en libertad, que será proporcionado por las instituciones de salud a fin de ayudarles a superar los efectos de la intervención y reafirmar los valores humanos de la maternidad.

Empero, la pena carcelaria se mantiene contra quien practica el aborto y quien persuade a la mujer de practicárselo, ya sea el novio, los padres o cualquier otra persona; mientras las mujeres que enfrentan proceso penal o cumplen sentencia en las cárceles chiapanecas por el delito de aborto lograrían su libertad si aceptan el tratamiento médico integral.

En entrevista, Mendoza Castañeda dijo que con la iniciativa aprobada se vuelve sujeto de derechos sucesorios, hereditarios y civiles la persona que se forma desde la aparición del cigoto, hacia la cuarta semana del embarazo.

El objetivo final de la ley es fortalecer el derecho de las mujeres y, sobre todo, de las madres solteras a garantizar una pensión a sus hijos desde el embarazo cuando haya juicios de paternidad, explicó, y sostuvo que los diputados locales la aprobaron para sumarse a la tendencia nacional por el derecho a la vida que ya han aprobado otros 17 estados.