El informe de gestión 2002-2009 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advierte que el proceso de descentralización de los recursos públicos para educación, salud, infraestructura y seguridad pública propicia prácticas corruptas que implican un elevado riesgo patrimonial.

Los resultados presentados por el organismo de la Cámara de Diputados resultan inquietantes en torno al impacto probable reportado en la revisión de las cuentas públicas de 2000 a 2007. El monto total de los daños económicos al erario en ese periodo sumaron 473 mil millones de pesos.

Durante el sexenio de Vicente Fox y el primer año de gobierno de Felipe Calderón, el órgano fiscalizador detectó las siguientes afectaciones a los recursos públicos: en 2000, 61 mil 175 millones de pesos; 2001, 120 mil 798 millones; 2002, 77 mil 652 millones; 2003, 54 mil 92 millones; 2004, 33 mil 157 millones; 2005, 26 mil 342 millones; 2006, 33 mil 187 millones, y 2007, 60 mil 723 millones.

El último trabajo de Arturo González de Aragón al frente de la ASF manifiesta que la inversión en los citados renglones se ha convertido en una gran área de opacidad y riesgo sobre la cual deberá actuarse de inmediato para impulsar adecuada rendición de cuentas, apropiada fiscalización y mayor control del patrimonio público.

Dichas áreas de opacidad identificadas por el ente fiscalizador se ubican en la eficiencia recaudatoria del gobierno federal; los fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos; educación pública en sus componentes de calidad y cobertura; pensiones y jubilaciones; recursos federales transferidos a estados y municipios; Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo con Impacto Diferido en el Gasto (Pidiregas) y fondos destinados a procesos electorales.

Asimismo, en los sistemas contable gubernamental y de evaluación de desempeño, donativos de recursos públicos, mejora regulatoria, remuneraciones de funcionarios, preservación del medio ambiente, subejercicios presupuestales, disponibilidad de recursos, discrecionalidad de los servidores públicos y regulación y supervisión de las acciones del Estado.

También, derivado de la fiscalización de la ASF y del fincamiento de responsabilidades económicas resarcitorias, como facultad exclusiva de la institución, “fue posible, en el caso de ocho años de gestión, recuperar –con corte al 30 de septiembre de 2009– 35 mil 352 millones de pesos que regresaron al erario, los cuales representan cerca de 30 veces el presupuesto anual de la ASF”.

A ese monto se le agregan casi 2 mil millones derivados de las auditorías aplicadas a estados y municipios, en el contexto de la Cuenta Pública 2008.

En el desglose de los 35 mil 352 millones recuperados, la ASF destaca por orden de relevancia la institución y el monto: rescate bancario, 10 mil 856 millones; derechos de trámite aduanero, 2 mil 458 millones; sindicato de Pemex, mil 580 millones; Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas, mil 481 millones; Poder Judicial de la Federación, 277 millones; estados y gobiernos municipales, 8 mil 32 millones.