El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reforzó la seguridad de los siete jueces federales encargados de otorgar medidas cautelares, con residencia en el Distrito Federal, debido a que al menos dos de ellos han recibido amenazas de muerte en el transcurso de 2009, mediante llamadas anónimas a sus oficinas o a sus secretarios de acuerdos, revelaron ayer fuentes judiciales de primer nivel.

Al edificio de 11 pisos en donde laboran estos juzgadores que estudian órdenes de arraigo, cateo e intervención de comunicaciones en casos vinculados a la delincuencia organizada, no pueden acceder abogados o visitantes en general, sino únicamente agentes del Ministerio Público y personal judicial acreditado.

Se trata de un inmueble ubicado en Insurgentes sur 1888, en la colonia Florida del Distrito Federal, que cuenta con vidrios blindados, está dotado con dormitorios, baños con regadera para uso de los jueces, comedor y un sofisticado equipo de seguridad que incluye más de 30 cámaras de video, así como arcos detectores de armas y metales.

De acuerdo con los funcionarios consultados, por disposición de la Judicatura los siete jueces usan vehículos blindados, además de servicio de escolta asignado por las autoridades federales.

Desde que iniciaron funciones, en enero de este año, los jueces de medidas cautelares no han sido cambiados por otros compañeros, pese a que la propuesta inicial del CJF era que cada seis meses se rotara del cargo a los responsables de los juzgados especializados.