Las personas que viven en las calles del Distrito Federal se han convertido en poblaciones de desecho que, ante la ausencia de una política social que vele por sus derechos humanos, son retiradas de las calles para que dejen de estorbar, señaló el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.

Durante la conferencia de prensa en la que 38 organizaciones defensoras de los derechos humanos dieron a conocer su postura en torno a la situación de la población callejera, el ombudsman capitalino se pronunció por que se detenga la limpieza social que realizan autoridades de la ciudad contra este sector.

Además, consideró necesaria una regulación e intervención por parte del Estado en los centros de rehabilitación, como el hospital Santo Tomás Los Elegidos de Dios, ya que no se vigilan las condiciones en las que operan, pues en la mayoría de éstos realizan prácticas vejatorias que incluso ponen en riesgo la vida de las personas ahí recluidas.

De hecho, advirtió que aparte de las muertes derivadas de enfermedades o por los problemas propios de las adicciones de los internos, se han registrado decesos en los llamados anexos, que tienen que ver con prácticas de tortura como método de rehabilitación.

González Placencia criticó además los programas de las autoridades del Distrito Federal dedicados a las personas en situación de calle, pues sólo son de asistencia y no atacan de fondo el complejo problema que deriva de este sector.

Además, cuestionó que la policía capitalina justificara su intervención contra las poblaciones callejeras del DF en tres artículos de la Ley de Cultura Cívica, pues los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal deben actuar en función del respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.

Por su parte, Juan Martín Pérez, presidente de la asociación civil El Caracol, acusó que desconocidos han atacado a las poblaciones callejeras a partir de que se revelaron los actos de limpieza social que autoridades realizan en la capital del país.

El caso de Los Elegidos de Dios, centro de donde se rescataron 105 personas, debe servir, dijo, para que el gobierno local identifique qué autoridades actuaron de manera inapropiada y para que reconozca que estas poblaciones callejeras ya no pueden ser atendidas con pequeñas acciones, pues no podemos pensar en una ciudad democrática cuando se violentan sus derechos.

También estimó que la ausencia de tratamientos profesionales en los anexos ha provocado que se utilicen códigos semejantes a los empleados en los reclusorios, convirtiéndolos así en cárceles privadas, y se ha permitido además que ahí se explote laboral y sexualmente a los internos.