Las declaraciones de cualquier presunto delincuente convertido en delator al servicio de la autoridad ministerial son la columna vertebral que sostiene la mayoría de las averiguaciones previas abiertas por la Procuraduría General de la República (PGR) cuando investiga delitos vinculados a la delincuencia organizada.

Los dichos de narcotraficantes, secuestradores o ex policías corruptos son manipulados de manera frecuente por el Ministerio Público Federal para conseguir que las autoridades judiciales concedan medidas cautelares (arraigos, cateos, órdenes de aprehensión y autos de formal prisión) contra cualquier político, empresario, activista o ciudadano que esté en la mira de algún fiscal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

A decir de abogados, juzgadores y ex legisladores entrevistados por La Jornada, la manipulación de los llamados testigos protegidos para fines prácticos ha violentado, en innumerables ocasiones, las garantías constitucionales de cientos de personas que han sido encarceladas bajo acusaciones de crimen organizado, únicamente porque algún testigo que se escuda en la clandestinidad que le ofrece la PGR y/o que busca canonjías legales sostuvo que el acusado tuvo vínculos con la delincuencia.

El que acusa de frente

El testigo colaborador en países anglosajones es el que de frente acusa y, posteriormente, se le da una protección para que no haya venganza en su contra. En México resulta que un señor al que se le llama Pedro dice que vio que una persona hizo tal cosa y que participó en ello. Esto viene a dar al traste con algo que no podemos perder, que son nuestras garantías constitucionales, sostiene en entrevista con este diario Luis Madrigal Pereyra, ex presidente de derecho penal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, uno de los penalistas más respetados del país.

La magistrada federal Lilia Mónica López Benítez, autora del libro Protección de testigos en el derecho penal mexicano, asegura que “las investigaciones de la procuraduría se sustentan, en gran medida en el dicho de testigos protegidos, como una forma de los fiscales de decir: ‘como los policías a mi cargo no saben investigar y no cuentan con la preparación necesaria para conformar una verdadera policía científica, necesito que alguien me diga cómo están funcionando y qué están haciendo los grupos criminales, y que me diga lo que quiero escuchar’”.

El ex diputado federal perredista Andrés Lozano sostuvo que mientras no se pongan candados jurídicos que regulen la validez y veracidad de los dichos de este tipo de testimonios, seguirá latente un riesgo de violación a garantías individuales y derechos humanos de cualquier persona, principalmente los que manifiesten sus críticas al gobierno.

Además, en muy pocas ocasiones los dichos de los colaboradores de la autoridad ministerial son determinantes para que la fiscalía obtenga una sentencia condenatoria contra un presunto delincuente.

Las cifras oficiales demuestran la ineficacia del uso de estos declarantes anónimos: estadísticas del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) referentes al periodo 2007-2008 –las cuales se pueden consultar en el informe anual de labores del Poder Judicial Federal (PJF) que corresponde a ese ciclo– indican que menos de uno por ciento de los testimonios rendidos en una averiguación previa por los testigos protegidos han sido suficientes para demostrar la culpabilidad de un supuesto criminal ante un juez.

La mayoría de los casos de delitos denominados de alto impacto (secuestro y narcotráfico, por citar algunos), que la PGR publicita ante los medios de comunicación al momento de realizarse un arresto como supuestas victorias del gobierno federal contra la delincuencia organizada, terminan varios años después en un fallo judicial de libertad por desvanecimiento de pruebas.

El Ministerio Público termina por perder los juicios en tribunales, básicamente porque el principal sustento de los fiscales antidrogas son declaraciones de testigos que no demuestran su idoneidad, no ratifican sus dichos ante el juez o simplemente no se presentan a comparecer en el juicio, ya sea porque abandonaron el sistema de testigos protegidos o porque fueron ejecutados.

El abuso de las fiscalías en el uso de los testigos colaboradores llevó en marzo pasado a la bancada del PRI en la Cámara de Diputados –durante la pasada legislatura– a presentar una iniciativa de reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a fin de imponer penas de cinco a 12 años de prisión a los testigos protegidos mentirosos.

En la exposición de motivos de esta reforma –La Jornada tiene copia del documento legislativo–, que fue redactada por Isabel Maldonado, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se expone que más de 80 por ciento de los dichos aportados por testigos colaboradores de la PGR resultan falaces, pues el perdón jurídico y el subsidio económico compelen al testigo a ofrecer de manera cobarde y deshonesta imputaciones falsas.

La magistrada López Benítez recuerda que desde que se instauró la figura de los testigos protegidos, en 1966, y más aún a partir de que en junio de 2008 entraron en vigor las reformas del presidente Felipe Calderón en materia penal –que dieron rango constitucional a la restricción de garantías en delitos relacionados con la delincuencia organizada–, la PGR se ha valido de ese tipo de testigos para justificar su ineficiencia en materia de investigación policial. Cada día llega a los juzgados un nuevo caso de consignaciones basadas exclusivamente en este tipo de testigos. Y parece ser cuento de nunca acabar.