Blanca Elena Jiménez Cisneros, investigadora del Instituto de Ingeniería (II) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advierte que mientras en México el agua del grifo no pueda beberse, existan tinacos y cisternas para almacenar el líquido y falten sanitarios públicos abiertos, el país continuará en el subdesarrollo.

Por años, la académica ha dedicado gran parte de su labor científica al desarrollo de métodos innovadores para el análisis, el tratamiento y el reuso del agua, lo que la hizo acreedora al Premio Nacional de Ciencias y Artes 2009 en el área de tecnología y diseño, que comparte con José Luis Leyva Montiel, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.

Jiménez lamenta que aun cuando el agua está relacionada directamente con la salud, el desarrollo económico y el medio ambiente, las autoridades mexicanas de todos los niveles de gobierno carezcan de voluntad política para impulsar proyectos de manejo sustentable, reuso, cobertura, saneamiento y tratamiento del líquido.

En México vamos por un mal camino. Todos los países desarrollados han construido las bases para su prosperidad. Fueron pocos los temas que escogieron, pero entre ellos dieron prioridad al agua. Invirtieron entre 5 y 10 por ciento de su producto interno bruto (PIB) en la construcción de infraestructura que diera acceso a todos sus habitantes al agua potable y al drenaje. Lo hicieron con recursos públicos y no con participación privada, porque se trata de un elemento de interés público.

Resalta que mientras varias naciones –incluso algunas con niveles de desarrollo inferior al de México– invierten dos por ciento de su PIB para tener un servicio eficiente de agua, en México no se destina más de 0.8 por ciento.

“Otro elemento básico en la higiene de una metrópoli o nación –advierte– es la existencia de baños públicos abiertos a todos los ciudadanos, lo que en nuestro país no se presenta aun después de la alerta por la influenza A/H1N1, además de que el agua del grifo no se puede consumir por su mala calidad.”

Al hablar sobre el reconocimiento nacional, la investigadora universitaria manifestó su deseo de que sirva de herramienta para que diversos sectores se interesen y preocupen por el uso del recurso en el país.

Al enterarme del premio sentí necesidad de lograr que éste no sólo represente algo para mí, sino para el país. Que se traduzca en un cambio en el manejo en cantidad y calidad del agua. Que fuera viable, pragmático y aplicable.

Luego de concluir la carrera de ingeniera ambiental en la Universidad Autónoma Metropolitana –formó parte de las primeras generaciones–, pasó al II de la UNAM.

En aquella época, es decir, a finales de la década de los años 70 e inicio de los 80 del siglo pasado, Jiménez colaboró en planes ambientales del estado de México y en el análisis de la planta de tratamiento en el Lago de Texcoco, en otros proyectos.

Posteriormente decidió hacer sus estudios de posgrado en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Francia.

Fue la época en la que México iba a salir de pobre; comenzábamos a ver los beneficios por el descubrimiento del yacimiento Cantarell y en el extranjero nos querían en sus universidades, por lo que dieron muchas becas. Una vez concluida esa etapa regresó a la máxima casa de estudios.

La especialista subraya que si bien cerca de 98 por ciento de la población mexicana tiene acceso al líquido, según criterios internacionales éste no es equitativo.

A escala internacional se considera que la cobertura de agua potable consiste en contar con un suministro al menos a 400 metros de una casa, pero no se considera la calidad y continuidad en el servicio ni el costo. Con ese criterio, las cifras oficiales asientan que entre 10 y 12 millones de mexicanos no tienen acceso al recurso.

Sin embargo, en el país hay quienes caminan más de 400 metros para conseguir agua, y los que la reciben tandeada, por lo que tienen que gastar dinero para colocar cisternas, tinacos, bombas o contratar pipas, así como hervirla o comprar garrafones para beber.

Esto incrementa entre 700 y 10 mil veces el costo por metro cúbico, lo cual contrasta con el discurso gubernamental de que la gente no aprecia ni paga el agua. Primero que nos den un buen servicio y nos la manden, y luego que nos incrementen el costo.

La investigadora revela que no es la ciudadanía la que desperdicia el recurso natural, sino las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Existe una pérdida de entre 30 y 60 por ciento. El ahorro que cada familia puede hacer en su hogar no representa más de 15 por ciento; el resto corresponde al gobierno, porque se deben tapar fugas, invertir en infraestructura e implementar proyectos para el tratamiento y reuso.