La decisión de involucrar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y lucha contra el crimen organizado convirtió al Ejército en el principal violador de los derechos humanos en el país, denunciaron representantes de organismos no gubernamentales. Además, expresaron la necesidad de fijar cuanto antes una fecha para el regreso de los soldados a sus cuarteles.

En el foro Violaciones a los derechos humanos por militares, el fuero militar y la impartición de justicia, se dijo que haberle dado a las fuerzas armadas tareas de seguridad pública constituye una violación de la Constitución, pues se trata de una competencia exclusiva de los cuerpos policiacos.

Además, las tareas impuestas al Ejército por el titular del Ejecutivo, en complicidad con el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tienen un carácter excepcional ni temporal, como ha sostenido el gobierno, sino que, por el contrario, se han generalizado en la totalidad del territorio nacional y no es posible determinar con precisión el término o la condición para relevar a las fuerzas castrenses de esas tareas.

En entrevista, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, sostuvo que el presidente Felipe Calderón debe replantear su política de seguridad pública porque ésta no ha dado resultado y ha generado un escenario de violencia con 16 mil homicidios y el incremento de las violaciones a las garantías individuales.

Indicó que el reto, en momentos de mayor intervención de fuerzas de seguridad pública en las calles, es la creación de contrapesos al Estado mediante las organizaciones gubernamentales de derechos humanos y no gubernamentales.

En sus intervenciones, Adrián Ramírez López, de la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos; el general José Francisco Gallardo; José Enrique González Ruiz, académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y líderes indígenas denunciaron que la participación de los militares en tareas policiacas ha provocado el aumento de la persecución y represión a las agrupaciones sociales y ha puesto en riesgo la legitimidad del Ejército.

En este sentido, en el estado de Guerrero, diversas organizaciones no gubernamentales denunciaron que la entidad se encuentra en emergencia por cotidianas violaciones a estos derechos. Señalaron que el Ejército y el gobierno perredista de Zeferino Torreblanca han violentado las garantías de los guerrerenses, principalmente en las comunidades indígenas, donde se han registrado 22 incursiones de los uniformados en distintas comunidades de la entidad tan sólo en los últimos dos meses.

En rueda de prensa convocada por la Red Guerrerense de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, se informó que este año se otorgaron garantías a 107 defensores de las libertades públicas. Abel Barrera Hernández, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dijo que Torreblanca ha hostigado en los últimos dos meses a los defensores de derechos humanos, y contamos con ocho nuevos casos al respecto.

Manifestó que en los que va del año hubo 15 casos de violaciones a las libertades individuales cometidas por miembros del Ejército Mexicano, y con las distintas corporaciones policiacas tenemos otros casos, pero debido al temor de los afectados por denunciar no han sido registrados.

Mientras, el ex ombudsman capitalino Emilio Alvarez Icaza dijo que el informe y la postura de Amnistía Internacional de convocar a protestas en las embajadas de México revela que no ha habido eco en el gobierno federal a las recomendaciones que se le han hecho.

Señaló que las autoridades federales tendrían que responder con una investigación exhaustiva a las denuncias contra los militares y dejar de negar el problema. En lo anterior coincidieron José Marroquín, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, y Brisa Maya, directora del Centro de Comunicación Social.

El investigador de la UNAM y ex procurador General de la República dijo que el Ejército debe abandonar la lucha contra el narcotráfico porque su presencia en las calles es ilegal y vulnera los derechos de los ciudadanos.