omo un gesto de distensión y buena voluntad hacia el gobierno federal, el Movimiento de Mujeres Electricistas en Resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) anunció ayer la suspensión de la huelga de hambre que una decena de sus integrantes sostenía desde el pasado 23 de noviembre, decisión a la que se sumó posteriormente otro grupo de cinco sindicalizados hombres que también se mantenían sin probar alimentos. A decir de la coordinadora de la protesta, Mónica Jiménez, el Ejecutivo federal debe cumplir con su parte e iniciar de inmediato una mesa real de negociaciones. Minutos antes, la dirigencia del SME había informado que mañana, viernes, habrá de instalarse una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación, a fin de solucionar el conflicto político y laboral generado por el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), emitido el pasado 10 de octubre.

El anuncio de los trabajadores electricistas marca la culminación de una muestra de resistencia civil pacífica que, durante los pasados 17 días, suscitó la solidaridad de amplias franjas de la sociedad y que, según puede verse, tuvo como resultado un reconocimiento, por parte del grupo gobernante, de la pertinencia y la necesidad de entablar un diálogo con la representación gremial. Lo anterior permite ponderar los alcances de un movimiento que, a dos meses del asalto policial a las instalaciones de LFC, ha sabido mantenerse en pie y ha dado muestras de responsabilidad, civilidad y mesura, a pesar de la campaña de calumnias e insidias de que ha sido objeto, y pese a los amagos represivos que han sido ensayados en su contra.

Ante la cerrazón y la insensibilidad exhibidas por las autoridades desde el estallido del conflicto, es necesario que la mesa de diálogo anunciada ayer por la dirigencia del SME no se quede en mero formalismo y se ponga en ella, en cambio, una voluntad efectiva por parte de los funcionarios calderonistas para negociar y dar solución a un problema que ellos mismos generaron, y para el cual no han atinado a dar razones mínimamente sólidas y convincentes: hasta ahora, los empeños de la presente administración por justificar la liquidación de LFC con el argumento de que la situación financiera de la institución hacía inviable su operación, y por achacar a su sindicato gastos improcedentes y onerosos para la compañía, lejos de alimentar animadversiones sociales contra los trabajadores de esa empresa disuelta, han contribuido a ahondar la desconfianza ciudadana, han propiciado el enrarecimiento del ambiente político y han obstaculizado, en suma, la solución de ese conflicto.

En la presente circunstancia, para que los intentos de negociación entre los trabajadores de LFC y las autoridades tengan perspectivas de éxito, las segundas deben suspender la campaña de distorsión y linchamiento mediático desatada contra el SME y su entorno de apoyo social.

Por lo demás, las autoridades federales disponen de alternativas diversas a la simple marcha en reversa en una decisión –la extinción de LFC– que ha sido descrita por diversos especialistas como inconsistente con el marco legal; una de ellas es la que presentó antier el dirigente del SME, Martín Esparza, en el sentido de llevar a cabo una recontratación colectiva de los más de 20 mil electricistas que no se sometieron al proceso de liquidación e incorporarlos a la Comisión Federal de Electricidad bajo la figura del patrón sustituto, lo que implicaría el reconocimiento de la validez del contrato colectivo de trabajo vigente entre el SME y LFC, así como el reconocimiento de ese mismo sindicato para el trato de cuestiones laborales con la paraestatal.

En suma, la administración calderonista tiene ante sí la oportunidad de desactivar un conflicto social que ha crecido en profundidad y encono. Cabe esperar que las autoridades cobren conciencia de ello y que ambas partes se desempeñen en la próxima negociación con prudencia, sensatez y voluntad para formular y aceptar soluciones.