Cuernavaca, Mor., 7 de diciembre. El gobernador Marco Antonio Adame Castillo incurrió ayer en evasión, excusa y desobediencia a un mandato de la autoridad judicial, al negarse, por segunda vez, a responder personalmente las preguntas de la defensa de Luis Ángel Cabeza de Vaca, ex secretario estatal de Seguridad Pública acusado de nexos con narcotraficantes, dijo el abogado de éste, Guillermo Pasquel Hernández, Con su negativa, señaló, Adame parece esconder algo y se expone a la eventual destitución del cargo.

El defensor aseguró que ya se solicitó a Jorge Carenzo, juez de Tepic, Nayarit –donde está radicado el proceso contra Cabeza de Vaca–, que fije otra fecha, de ser posible en día y hora inhábil, para que el gobernador no evada su responsabilidad; también le pidió aplicar medidas de apremio contra el mandatario por desobedecer un mandato judicial.

Cabeza de Vaca fue detenido el 15 de mayo de 2008, unas cinco horas después de que el gobernador le aceptó su renuncia en Casa Morelos; actualmente está recluido en el penal de máxima seguridad de Matamoros, Tamaulipas, donde se le sigue proceso por delincuencia organizada en su modalidad de colaboración con el narcotráfico, derivada de sus presuntos nexos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, entre otros delitos.

La defensa pide que el gobernador aclare si sabía que su ex colaborador tenía nexos con narcotraficantes, pues en una entrevista de radio hecha el 18 de mayo de 2009 el mandatario estatal afirmó que la detención de Cabeza de Vaca, realizada tres días antes, fue una operación coordinada entre la Federación y el gobierno estatal, pero en la declaración escrita que presentó el 28 de julio de 2009 negó que supiera con anterioridad de la detención.

La cita para que el gobernador se entrevistara con un juez federal en sus oficinas de Cuernavaca era a las 8:30 del lunes, pero a última hora envió un escrito en el que alegó que no iba a ampliar sus declaraciones personalmente por ser alto funcionario y porque participaría en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Insistió en que, en todo caso, presentará declaración por escrito, afirmó Pasquel Hernández.

Por un pretexto más de agenda de trabajo, el gobernador evade una obligación, expresó el abogado.

Agregó que si bien la ley prevé que los servidores públicos pueden contestar mediante oficio, también se prevé que pueden ser interrogados de manera directa cuando la defensa así lo solicite. El único beneficio del servidor es que tanto el juzgado como la defensa nos traslademos a su oficina, pero no ampliar forzosamente su declaración mediante escrito.

La defensa anunció que solicitará al Congreso de Morelos abrir una investigación para aclarar las razones por las cuales el gobernador se niega a responder el interrogatorio de la defensa.