La Procuraduría General de la República (PGR) pidió a un juez federal 40 años de cárcel contra las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, valiéndose de las mismas pruebas con que no consiguió demostrar la responsabilidad penal de Jacinta Francisca Marcial en el supuesto secuestro de seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), en marzo de 2006 en Amealco de Bonfil, Querétaro.

Integrantes de los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro (Prodh) y Fray Jacobo Daciano, acompañados por abogados y por las madres de ambas indígenas, aseguraron que las declaraciones de los agentes federales, así como las pruebas periciales ofrecidas por el Ministerio Público Federal ante el juez de la causa, fueron manipuladas y están viciadas de origen.

En conferencia de prensa, los activistas y abogados anunciaron que realizarán una campaña de manifestaciones sociales para demandar la exculpación de ambas.

Fue conmovedora la participación en la rueda de prensa de Amalia Juan Recino y Paula Tomada Cornelio, madres de Alberta y Teresa, respectivamente, quienes tras hablar con parsimonia y nerviosismo sobre el caso se desbordaron en llanto al exigir la libertad inmediata de las indígenas.

A su vez, Luis Arriaga, director del Prodh, dio lectura a un comunicado en el que lamentó que la PGR reiterara sus acusaciones contra ambas mujeres.

Están presas en el Centro de Readaptación Social femenil de San José el Alto, Querétaro, desde el 3 de agosto de 2006.

Jacinta Francisco Marcial fue su compañera en esa cárcel –declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional–, de la cual salió en septiembre pasado tras ser exculpada de los mismos hechos que la PGR imputa a Teresa y Alberta.

Las conclusiones presentadas por el Ministerio Público expresan, de nueva cuenta, la reiterada intención de la PGR de mantener en prisión a ambas en represalia contra los comerciantes que se defendieron de los abusos de los agentes, indicó Arriaga.

Lo anterior, sobre todo, si se considera que fueron Teresa y Alberta quienes les exigieron que se identificaron cuando empezaron a despojar violentamente de su mercancía a la gente, agregó.

Los abogados Leonides Ortiz, defensor particular de ambas, además de Andrés Díaz y Leopoldo Maldonado, integrantes del Prodh, consideraron que las conclusiones acusatorias de la PGR constituyen un ejemplo de la inexistencia del debido proceso en México, así como de la ilegal y excesiva penalización de las expresiones de protesta social.

Ortiz repudió que el destino de las indígenas haya quedado en manos del juez cuarto de distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, quien antes dictó sentencia condenatoria contra Jacinta, pese a las irregularidades que tiene el expediente ministerial.

Se prevé que el juez Pedraza dictará sentencia para este caso durante este mes o en enero.