Tras permanecer arraigados durante casi un mes –mientras la Procuraduría de Justicia de Nuevo León reunía pruebas de su presunta participación en el asesinato del secretario de Seguridad Pública del municipio de García, general brigadier Juan Arturo Esparza, y cuatro de sus escoltas, cometido el pasado 4 de noviembre–, 17 policías y tres civiles fueron recluidos en el penal de Apodaca.

Los agentes municipales fueron consignados y puestos a disposición del juzgado primero penal, con sede en San Pedro Garza García, por cohecho y delincuencia organizada, mientras a los civiles se les seguirá proceso por homicidio calificado en la modalidad de pandillerismo.

La noche del domingo, bajo fuertes medidas de seguridad y con apoyo del Ejército, los 17 uniformados, incluidas cuatro mujeres, fueron trasladados a dicho penal, ya que presuntamente brindaban protección a una célula del grupo de sicarios Los Zetas que operaba en García.

También fueron llevados al reclusorio el empresario transportista Norberto Jaime Treviño, el comerciante Víctor Gómez Ortiz y el taxista Ramiro Fernández de Luna. Este último es uno de los presuntos autores materiales del homicidio múltiple.

De acuerdo con la procuraduría estatal, los hechos que desembocaron en el homicidio del general Esparza ocurrieron cuando el alcalde de García, Jaime Rodríguez Calderón, citó al empresario Norberto Jaime Treviño porque extraía ilegalmente tierra de un predio municipal.

Sin embargo, según la propia dependencia estatal, Treviño no acudió a la cita, sino fue con el comerciante y hotelero Gómez Ortiz, quien habría contactado a Los Zetas para que le dieran un susto al edil.

Después de que un grupo de sicarios arribó a bordo de 10 camionetas a amenazar al alcalde Rodríguez Calderón en su domicilio, éste se comunicó con el general Esparza para reportarle el incidente, y cuando el militar se dirigía a la casa del edil, se topó con los gatilleros, que lo acribillaron junto con los escoltas.

Hallan con vida a director de penal guerrerense

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero informó que Aurelio López Gonzaga, director del penal ubicado en el municipio de Arcelia, levantado por un comando el sábado pasado, fue encontrado con vida la tarde del domingo. El estado de salud del funcionario es estable, se reportó.

Mientras, el crimen organizado dejó un saldo de 28 muertos, entre ellos dos mujeres y tres menores, en Chihuahua, Durango, Sonora, Baja California, Sinaloa y Michoacán, donde además dos personas fueron levantadas.

Entre los ejecutados se encuentran el ex diputado sonorense Miguel Francisco López Castro (legislatura local 1997-2000) y el policía federal Gabriel Crucez, quien apenas hace tres días fue transferido de la capital del país a la ciudad de Durango.

Por otro lado, en dos fincas del municipio de Zapopan, Jalisco, militares y elementos de la PGR incautaron cerca de 80 mil cartuchos de diferentes calibres, tres armas y paquetes con dólares cuya cantidad no fue precisada, presuntamente propiedad del cártel de Los Valencia.

David Carrizales, Sergio Ocampo, Rubén Villalpando, Ulises, Gutiérrez, Irene Sánchez, Antonio Heras, Mauricio Ferrer y la, corresponsalía en Durango