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Levantan a activista en Juárez
 
Periódico La Jornada
Viernes 20 de noviembre de 2009, p. 30

Ciudad Juárez, Chih., 19 de noviembre. La defensora de derechos humanos Alicia Salaiz Orrantía, de 55 años de edad, fue levantada hace 15 días por un comando de al menos cuatro hombres, informaron hoy fuentes de la Subprocuraduría de Justicia estatal. El 8 de octubre fue asesinado el esposo de la activista y el año pasado uno de sus hijos.

Salaiz Orrantía, cofundadora del Comité de Derechos Humanos Asociación Civil, fue levantada en su casa, en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

Según la denuncia que presentó su familia en la Subprocuraduría de Justicia, los hombres armados ordenaron a los testigos no acudir a las autoridades, por lo que esperaban que se comunicaran con ellos, creyendo que pedirían rescate, lo que no ha ocurrido.

El 8 de octubre un grupo de pistoleros acribilló a Paz Rodríguez, esposo de Salaiz Orrantía, cuando ambos circulaban en un vehículo por el centro de Nuevo Casas Grandes; los criminales le dijeron que ella era la siguiente. Salaiz presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y habría señalado a vendedores de droga como responsables del crimen.

Como las pesquisas no avanzaron, Salaiz Orrantía dijo que los agentes de la Policía Federal eran cómplices de los homicidas.

Diez días después del crimen, la activista dijo en una entrevista en Ciudad Juárez que personal de la Policía Federal y delincuentes intentaron que retirara la denuncia y la amenazaron de muerte.

Luego, en una visita a Ciudad Juárez, dijo que no se investigaba el homicidio de su esposo, a pesar de que entregó a la PGR nombres, domicilios, actividades y otros datos de los presuntos responsables de la corrupción existente en las policías local y federal y de quienes presuntamente protegían a quienes mataron a su esposo.

Salaiz planeaba viajar a la ciudad de México para pedir apoyo a Francisco Molina Ruiz, subprocurador de la PGR, pues los padres de ambos se conocían.

La familia cree que los responsables de la desaparición de la defensora de los derechos humanos son supuestos narcotraficantes y protegidos por la PGR.