San Cristóbal de las Casas, Chis. 17 de noviembre. Mientras una declaración pública de sacerdotes y religiosas reveló hoy el grado de tensión existente entre la diócesis de San Cristóbal de las Casas y el gobierno estatal, el Ejército sigue desplegando gran actividad, con allanamientos y patrullajes en comunidades del centro y la selva fronteriza, y este lunes se registró un excepcional desplazamiento de tropas hacia los Altos, de acuerdo con testigos en San Juan Chamula.

Al cumplirse 26 años de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación (EZLN), y subrayando el silencio zapatista de más de ocho meses, hoy destacó la ausencia de cualquier acto conmemorativo en los caraco- les; tampoco hubo pronunciamiento del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN, el cual no ha firmado ni emitido comunicado alguno desde el pasado 8 de marzo. Según advierte desde hace unas semanas el sitio electrónico Enlace Zapatista, cualquier texto posterior a esa fecha que lleve la firma del EZLN es apócrifo.

En tanto, sacerdotes, religiosas y misioneras de la zona sur de la diócesis de San Cristóbal protestaron enérgicamente contra la persecución desatada hacia la Iglesia católica por el gobierno estatal contra el obispo Felipe Arizmendi y, en especial, el sacedote Jesús Landín (padre Chuy), párroco de San Bartolomé, en Venustiano Carranza, y sus colaboradores. No somos delincuentes ni estamos promoviendo la violencia en ninguna forma, sostuvieron.

Los agentes de pastoral señalan en su pronunciamiento que la obsesión persecutoria contra Landín ha llegado al extremo de que el gobernador Juan Sabines Guerrero intentara que el obispo le prestara su mano para expulsarlo de la diócesis y de Chiapas. Sin embargo –añaden–, nadie tiene derecho a procurar la expulsión de un ciudadano de ningún lugar en el territorio nacional; al hacer esto se está procediendo contra la Constitución.

El gobierno ha desatado una persecución permanente contra Landín, acusándolo de andar levantando al pueblo y de promover la violencia y el uso de las armas. Aseveran que son calumnias y mentiras. Manifiestan su solidaridad con los miembros de la parroquia de San Bartolomé y reiteran su compromiso social, al decirse al lado del pueblo, al que tratan de apoyar en sus derechos a la libertad y el respeto de nuestra Madre Tierra.

Con base en la experiencia de las comunidades en su zona, declaran: La causa de la persecución contra la Iglesia y los pueblos de Chiapas son las concesiones mineras a compañías extranjeras para extraer los tesoros bajo tierra. Se sabe que el gobierno les ha dado permiso para explorar y aprovechar el subsuelo chiapaneco en más de un millón de hectáreas.

Los religiosos se consideran obligados a protestar contra la persecución y la indebida injerencia en asuntos propios de nuestra iglesia. El gobernador –afirman– “culpa a la iglesia de que los habitantes de Acteal se hayan negado a recibirlo. Éstos consideran una burla la presencia de funcionarios de un gobierno que fue cómplice de la masacre y que al liberar a los asesinos sigue haciéndose parte de tan tremendo delito.

La diócesis no iba a introducir al gobernador, pero tampoco ha sido la que tomó la decisión de que no fuera recibido. Esas determinaciones corresponden única y exclusivamente a los pueblos interesados.

Por último, rechazan la intromisión de orejas de la policía en actos de culto y formación cristiana, buscando inútilmente comprobar delitos que nunca hemos cometido y, esperamos en Dios, nunca cometeremos.