San Cristóbal de Las Casas, Chis., 16 de noviembre. A pesar de que el gobierno estatal firmó con decenas de organizaciones otros tantos acuerdos de gobernabilidad (que incluyen la entrega de recursos económicos y el compromiso de no efectuar acciones de protesta ni entablar demandas agrarias), siguen los cateos, patrullajes, amagos armados y acantonamientos de tropas federales en los poblados de Las Margaritas, Comitán, Socoltenango, Venustiano Carranza, Frontera Comalapa, La Trinitaria, Amatenango del Valle y Nicolás Ruiz.

Resulta ilustrativo lo que ocurre a la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ), llamada histórica, que ha sido bastante dócil con el gobierno estatal.

El pasado fin de semana, la organización demandó el retiro del Ejército de sus comunidades. En lo que va de noviembre, las tropas han realizado allanamientos en las casas, e incluso se han establecido en algunos poblados. La ocupación militar se justifica, como en otras áreas de la frontera y el centro de la entidad, con una ambigua combinación de combate a la delincuencia organizada y cacería de subversivos.

Rubén Méndez Méndez, dirigente de la OPEZ, denunció cateos, retenes y acantonamientos en La Trinitaria, Frontera Comalapa y Comitán. Efectivos de la séptima Región Militar, con sede en la base de Copalar, ingresan a las comunidades cuando las mujeres están solas con sus hijos, argumentando que buscan armas, droga o narcotraficantes.

Lo anterior ocurrió en Nuevo Villaflores, donde los soldados catearon varias casas, ante el azoro de niños y mujeres.

Asimismo, durante un taller de mujeres en el balneario Uninajab, irrumpieron decenas de militares desde los matorrales, lo que provocó espanto, según Reina Santiago Guadalupe, de la misma organización.

Méndez expresó extrañeza ante esta persecución, ya que la OPEZ sólo realiza acciones pacíficas y no se ha comprobado que sus afiliados, indígenas y campesinos, estén involucrados en la subversión o la delincuencia. Anunció que la organización decidirá próximamente acciones contra la presencia de los soldados que se encuentran en las comunidades desde hace un par de semanas.

En tanto, centenares de católicos demandaron este domingo en Comitán el cese de calumnias contra sacerdotes y agentes de pastoral de la diócesis de San Cristóbal, y se pronunciaron en favor de los curas Jesús Landín (Venustiano Carranza) y Juan Manuel Hurtado (del equipo diocesano en Ocosingo y Altamirano), así como de los obispos Felipe Arizmendi Esquivel y Enrique Díaz Díaz.

También se manifestaron contra la actividad militar en comunidades de Frontera Comalapa, La Trinitaria y otros municipios, y demandaron detener la explotación minera en las regiones fronteriza y Sierra.

En este contexto, permanecen encarcelados tres dirigentes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-Región Carranza) y otros oceístas están refugiados en las oficinas de Naciones Unidas en San Cristóbal, demandando el cese del hostigamiento en sus comunidades y para evitar ser aprehendidos.

Luis Manuel Hernández informó que María Elena Meneses, enviada del gobierno estatal y dirigente de El Barzón, visitó a su padre, José Manuel Hernández Martínez, Chema, preso en el penal de Nayarit, acompañada del dirigente perredista Alejandro Gamboa, y le aconsejó convencer a la OCEZ de negociar, “porque si no, se le va a complicar la situación con las ‘acciones programadas para el 20 de noviembre’, ya que el gobierno tiene información de que habrá una movilización (de presuntos grupos guerrilleros) que se llama ‘20 y 10’”.