Esta semana deben llegar al Senado las ternas con los nombres de los candidatos a suceder a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Genaro Góngora Pimentel y Mariano Azuela Guitrón, quienes concluyen su periodo a finales de mes.

El organismo legislativo también deberá recibir la propuesta presidencial sobre nuevo gobernador del Banco de México (BdeM), que deben debatir los senadores.

Los legisladores Francisco Arroyo Vieyra (priísta); Arturo Núñez (perredista) y Rubén Camarillo (panista), en entrevistas por separado coincidieron en señalar que las ternas con los candidatos para que el Senado decida quiénes serán los ministros de la Corte deben llegar esta semana.

La propuesta de gobernador del BdeM también puede llegar, aunque en este caso se tiene todavía mayor plazo.

Otros nombramientos que se deberán aprobar en Xicoténcatl en este periodo de sesiones –que concluye el 15 de diciembre– son el de un miembro del Consejo de la Judicatura Federal y de un par de integrantes del Instituto de Protección al Ahorro Bancario.

Están pendientes además las designaciones del procurador fiscal y de dos ministros del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

El senador panista Felipe González resaltó que también en este periodo deberán aprobarse varios dictámenes, y en el que existe mayor acuerdo es en el de la ley antisecuestros. En este caso hay más de una docena de iniciativas, y está pendiente la propuesta del Ejecutivo.

El senador Arroyo Vieyra afirmó: tenemos pendiente todo un paquete de seguridad, pero donde hay mayor consenso, y es una de las leyes que pueden salir en las próximas semanas, es en la ley antisecuestros, con la propuesta que presentó el senador priísta Pedro Joaquín Coldwell. Una nueva ley de amparo se está cabildeando, y es muy probable que salga.

En tanto, el perredista Arturo Núñez manifestó que existen avances en la ley antisecuestros, pero hay todo un paquete pendiente de discusión de seguridad pública, como el fuero militar, la Ley de Seguridad Privada y la elaboración de un marco legal que dé sustento a la participación del Ejército y la Armada en tareas de seguridad pública.

En este punto coincidió el legislador panista Felipe González, quien aseveró que las iniciativas en materia de seguridad deben incluir sanciones mayores para funcionarios públicos que participen en actividades delictivas, y en el caso del fuero militar, señaló que deben ser más severas las penas contra los elementos castrenses que colaboren con el crimen organizado.