Bogotá. Rafael Enrique García Torres (1963, Santa Marta), un ingeniero de sistemas que trabajó para el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y quien como jefe nacional de informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, el mítico servicio de inteligencia colombiano), integró el cártel de las tres letras, vinculado con los hermanos Beltrán Leyva en México, es un hombre bomba. Sabe demasiado. Por lo mismo, es un objetivo militar a exterminar por el proyecto político-criminal del presidente Álvaro Uribe Vélez el monigote de mostrar de las elites antioqueñas y los jefes paramilitares, al frente de un Estado de tipo delincuencial y mafioso.

Su nombre cobró gran visibilidad mediática internacional en 2006, cuando a raíz de sus declaraciones a la justicia colombiana estalló el escándalo de la narcoparapolítica que salpicó al entorno uribista. Entonces, tras revelar el fraude electoral orquestado por las AUC para beneficiar al actual presidente de la República, Álvaro Uribe lo llamó el delincuente mentiroso. Pero cuando la Fiscalía General de la Nación, la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la Nación comenzaron a corroborar uno a uno sus testimonios, y a meter a la cárcel a diputados, senadores, gobernadores y políticos de la alianza oficial, Uribe tuvo que tragarse sus palabras y guardar silencio.

Espionaje financiado por la CIA

Hoy Rafael García vuelve a ser noticia. Es la punta de la madeja que desató la fase actual del conflicto colombo-venezolano, reactivado a finales de octubre cuando el ministro del Interior de Venezuela, Tarek El Aissami, exhibió en Caracas pruebas irrefutables que incriminan al DAS con actividades de espionaje contra su país, Cuba y Ecuador, que estarían financiadas, dijo, por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, de Estados Unidos).

Bogotá replicó que se trata de información falsa que fue vendida por el ex agente del DAS al gobierno de Hugo Chávez. Sin embargo, Felipe Muñoz, actual jefe del servicio de inteligencia colombiano, tuvo que admitir que la información revelada por El Aissami corresponde a un documento reservado que es parte de una investigación interna del DAS, que está judicializada dentro de un proceso que adelanta la Fiscalía de Colombia. Ergo, que con el tiempo podría quedar demostrado que la Operación Salomón, llevada a cabo entre abril y mayo pasados, que incluía el Proyecto Fénix contra Cuba y el Proyecto Falcón contra Venezuela, existió.

Asimismo, de acuerdo con un documento elaborado por Rafael García, en poder del reportero, podría quedar demostrada, también, la alianza establecida en 1999 entre jefes paramilitares del Bloque Norte de las AUC, capos del narcotráfico, el Grupo Empresarial Antioqueño, militares, políticos radicales de derecha y dueños de medios de difusión masiva, bendecida por jerarcas de la Iglesia católica, para hacerse del poder en Colombia. La trama develada por García Torres habla de los nexos de jefes paramilitares como Carlos Castaño y Diego Murillo (alias Don Berna), con clanes familiares, grupos empresariales y políticos tradicionales en sus áreas de influencia, con el fin de apoderarse de manera paulatina de la administración pública, partiendo del ámbito local para llegar a lo nacional; es decir, al Congreso y la presidencia de la República.

La táctica, afirma García, consistió en imponer mediante el chantaje, la intimidación y el fraude electoral, candidatos únicos para apoderarse de las alcaldías y gobernaciones en los comicios regionales del año 2000, en los departamentos del Cesar y Magdalena. Para las elecciones legislativas de 2002, las Autodefensas lograron apoderarse de 40 por ciento de las curules del Congreso nacional, y ese mismo año impulsaron, con éxito, al candidato disidente del Partido Liberal, Álvaro Uribe Vélez, a la presidencia de la República. Lo que vino a consumar el sueño de Pablo Escobar Gaviria (ex capo del cártel de Medellín), de “convertir a Colombia en un narcoEstado”.

Las AUC y la penetración del Estado

Detenido en enero de 2005 en su propia oficina del DAS por los cargos de falsedad de documento público y fraude procesal, Rafael García el hombre que prendió el ventilador, como se ufana en decir fue condenado inicialmente a 18 años de prisión. Luego el Tribunal Superior de Bogotá le rebajó la condena a 11 años, y en abril de 2008, estableciendo que sus testimonios habían constituido una colaboración eficaz para la administración de justicia, la Suprema Corte y la Fiscalía General de la Nación le concedieron una rebaja de dos años y dos meses, con lo que al cumplir las tres quintas partes de su condena, fue puesto en libertad condicional el 14 de noviembre de 2008.

García Torres fue el primer funcionario de alto nivel del gobierno de Álvaro Uribe señalado por prestar apoyo a grupos paramilitares. Según adelanta en el documento en poder de La Jornada, su relato incluye información que no es de dominio público (datos y circunstancias con nombres y apellidos), misma que autoridades de Estados Unidos han buscado negociar con sus abogados, ofreciéndole, en aras de obtenerla, beneficios legales y migratorios. Refuerza, además, información conocida, entre ella, el papel jugado en la conformación del actual Estado delincuencial colombiano por el ex fiscal general de la Nación, Luis Camilo Osorio, actual embajador en México, a quien ubica como un decidido aliado de las Autodefensas.

El ex segundo hombre del DAS durante la gestión de Jorge Noguera Cotes, actualmente preso y sometido a juicio, afirma que en 2002 Álvaro Uribe obtuvo la presidencia en la primera vuelta con 52 por ciento de los votos, gracias al apoyo paramilitar. García había sido enviado por el Bloque Norte de las AUC a trabajar en la campaña de Uribe en el departamento de Magdalena, y ahí se reencontró con su paisano Noguera, gerente de la misma. Afirma que el mayor apoyo económico para la campaña fue suministrado por Raúl Montoya, vinculado con Gilberto Molina, ex miembro del cártel de Medellín, cuyas cuentas bancarias fueron utilizadas para pagar el asesinato del director del diario El Espectador, Guillermo Cano, en 1987. En 2006, cuando libraba su defensa jurídico-mediática desde la cárcel de La Picota, las denuncias de Rafael García publicadas por el Miami Herald y el semanario colombiano El Espectador llevaron a la renuncia de Raúl Montoya como gerente regional de la campaña reeleccionista de Álvaro Uribe en el departamento de Magdalena. Uribe guardó silencio.

Parte sustancial de su relato tiene que ver con la repartición burocrática de Uribe una vez que llegó a la presidencia. García afirma que los principales cargos de gobierno fueron distribuidos entre los diferentes bloques de las Autodefensa Unidas de Colombia. Los propios jefes paramilitares definieron qué personas debían ser nombradas y dónde. Al Bloque Norte le tocó uno de los viceministerios de Defensa; la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entidad encargada de autorizar las licencias de empresas que operan como fachada de las Autodefensas, y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), encargado de la adjudicación de tierras, que sirvió para que las AUC legalizaran grandes extensiones robadas a campesinos y las pusieran a nombre de testaferros.

En agosto de 2002 Jorge Noguera fue nombrado director nacional del Departamento Administrativo de Seguridad, viejo organismo de inteligencia de la época de la guerra fría que responde a la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos. Según García, al día siguiente de su toma de posesión, el 8 de agosto de 2002, Uribe se reunió en la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar, con políticos cercanos al Bloque Norte y uno de los principales testaferros del jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, Sergio Araújo Castro, hermano del recién elegido senador Álvaro Araújo y la ministra de Cultura designada, María Consuelo Araújo. Recomendado por Jorge 40, Noguera llegó al DAS como cuota del Bloque Norte, y nombró a Rafael García como jefe nacional de Informática. Debido a ello, García tuvo a su disposición toda la información de inteligencia del país. Con el tiempo, desde la cúpula del DAS, junto con Giancarlo Auque D’Silvestri y Jimmy Nassar, Noguera y García terminarían formando parte de lo que en los círculos más íntimos de la mafia y del paramilitarismo se llegaría a conocer como el cártel de las tres letras.

El papel del fiscal Luis Camilo Osorio

Según su propia confesión, desde su llegada al DAS Rafael García formó parte de una red de tráfico y manipulación de información clasificada y de inteligencia al servicio de las AUC conocida y aprobada por el presidente Uribe, dirigida a penetrar al Estado colombiano. De esa red, que incluía funcionarios de diversas instituciones y entidades del Estado, formaba parte el fiscal general de la Nación, Luis Camilo Osorio, quien puso a disposición de García toda la información criminal de la institución, lo que permitía conocer de antemano los operativos de incautación de bienes inmuebles (casas, haciendas, edificios, lotes), allanamientos e incautación de empresas, órdenes de captura y solicitudes de extradición, además de que podía extraer expedientes y borrar, adicionar o modificar antecedentes criminales. Según García, el actual embajador en México fue un colaborador cercano de las AUC, y de hecho visitaba al jefe de las Autodefensas, Carlos Castaño, en sus campamentos.

Entre las dependencias gubernamentales de la red figuraban la Registraduría Nacional del Estado Civil, cuya penetración permitía a la red borrar y suplantar identidades, y obtener huellas dactilares de desertores de las AUC que eran luego ubicados y asesinados en lo que García llama un tenebroso carrusel de la muerte que contaba con la aprobación de Uribe; el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuya titular, Carolina Barco, actual embajadora de Colombia en Washington, dio orden de que se le informara a García de manera verbal e inmediata cualquier solicitud de extradición; la Oficina de Seguridad de la Presidencia, a cargo del coronel Mauricio Santoyo, y el Ministerio del Interior, cuyo jefe, Fernando Londoño Hoyos, representante de la ultraderecha radical y con fuerte ascendencia en las fuerzas armadas, lideró todas las conspiraciones en contra de Venezuela.