La víspera de que la juez primera de distrito, Guillermina Coutiño Mata, determine si concederá al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) suspensión definitiva en vía de amparo sobre la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y otras autoridades del gobierno de Felipe Calderón involucradas en el decreto que liquidó el organismo descentralizado rindieron un informe justificado sobre ese tema.

En su escrito, la dirección general adjunta de procedimientos constitucionales de la SSP federal negó a la juez que la noche del pasado 10 de octubre, elementos de la Policía Federal hubieran actuado de manera ilegal al implementar un operativo especial para ocupar las instalaciones de LFC (fue hasta el primer minuto del siguiente día cuando el gobierno emitió un decreto para extinguir el organismo).

A su vez, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación de la Presidencia de la República, informó ayer a la juez que si bien es cierto que el gobierno federal ordenó la extinción de esa paraestatal, la determinación del Ejecutivo de ninguna manera violentó la Constitución ni alguna norma secundaria.

El miércoles de la semana pasada, el SME y unos 25 mil trabajadores de la extinta LFC interpusieron una demanda de amparo colectiva, y otras más individuales, para impugnar la legalidad del decreto.

Dos días después, la juez Coutiño concedió a los quejosos la suspensión provisional para que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) no emita, por el momento, el laudo que oficializaría el término de las relaciones laborales entre LFC y el sindicato.

La juzgadora había dado plazo hasta ayer a las autoridades señaladas como responsables de violentar la Carta Magna para que presentaran sus informes previos justificados, con el fin de que esos documentos sean analizados este viernes, durante la audiencia incidental del juicio.

Turnan queja a tribunal colegiado

En otro orden, fue turnado a la magistrada Idalia Peña, del cuarto tribunal colegiado (integrado por tres juzgadores), el recurso de queja con el que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de Hacienda y otras autoridades federales buscan revocar la suspensión provisional concedida al SME.

Sólo si dicho tribunal emite un fallo relativo a esa queja antes de que la juez Coutiño resuelva –este viernes– si concede la suspensión definitiva en vía de amparo al sindicato de electricistas, tendrá valor jurídico el sentido de lo que resuelvan los magistrados revisores. Es decir, si el cuarto tribunal colegiado decide revocar la suspensión provisional, pero lo hace un minuto después de firmado el nuevo fallo de la juez, la resolución que tendrá prioridad es la que emita Coutiño.

Durante la tarde de ayer se esperaba la llegada al juzgado primero auxiliar de altos funcionarios del gobierno calderonista –por la mañana había trascendido en círculos judiciales que Javier Lozano, secretario del Trabajo, se entrevistaría en el transcurso del jueves con Coutiño–, pero sólo acudieron abogados de las áreas jurídicas de alguna de las instancias gubernamentales involucradas en el litigio.

La suspensión definitiva que espera obtener hoy el SME es importante porque impediría a las distintas autoridades federales –la JFCA como avaladora de un decreto presidencial y el SAE como autoridad liquidadora– seguir adelante en el cumplimiento del decreto presidencial.

En caso de que la juez Coutiño se incline por no extender la suspensión de manera definitiva, los quejosos tendrán la posibilidad legal de interponer un recurso de revisión, para que un tribunal colegiado resuelva en definitiva si procede dar la protección precautoria a los solicitantes.