o cabe duda que la salud reproductiva es una de las expresiones más materiales de la sexualidad, de esta dimensión tan fluida y cambiante, y sobre todo tan humana. El ejercicio de las libertades se apoya en el deseo y en la expresión positiva de la vida emocional, y sin reproducción no podríamos comprender el sentido de la trascendencia.
Tal vez por ello la salud reproductiva es particularmente sensible a las diferencias de clase, como demuestra un conjunto de estudios incluidos en el libro Salud reproductiva y condiciones de vida en México, coordinado por Susana Lerner e Ivonne Szasz (El Colegio de México, México, 2008). Realizado por investigadores de distintas instituciones académicas, el trabajo se enfocó en la desigualdad social y en las relaciones entre género y poder, incluyendo el análisis de los mecanismos de discriminación y coerción ejercidos por las instituciones y otros actores sociales en los albores del siglo XXI.
El texto es una denuncia muy bien documentada de la persistencia y profundización de graves desigualdades socioeconómicas, inequidades de género y rezagos étnicos, que tienen importantes implicaciones en la población actual del país. El contexto de creciente empobrecimiento, la permanencia de una política económica y social excluyente, y, en particular, la influencia creciente de fuerzas conservadoras y de derecha han restado prioridad a las políticas de población y de salud reproductiva.
Señala como uno de los retos de mayor actualidad instrumentar la atención de las necesidades de salud reproductiva con base en la comprensión de los procesos de exclusión social. La población usuaria de los servicios ha sido excluida del proceso de diseño y programación de los servicios y ajena a la posibilidad de ejercer su derecho a la ciudadanía.
Los estudios confirman el rezago en la infraestructura y funcionamiento institucional, sobre todo en los territorios más pobres. En contextos aislados y dispersos sigue siendo muy limitada la competencia técnica de quienes prestan los servicios, así como los materiales e insumos médicos. En los programas para mujeres indígenas es urgente apoyar la construcción de su autonomía y del ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, así como lidiar con los obstáculos que imponen usos y costumbres de las comunidades indígenas y la cultura institucional del sector salud y educativo.
En este país el poder se ejerce hasta en las encuestas. Muchas de las que ha venido realizando el sector público reproducen una visión hegemónica, parte del sistema biomédico institucional, y se han dejado fuera aspectos de calidad referidos al ejercicio ciudadano de derechos.
Las políticas de población están obligadas a superar la visión de corto plazo y a fortalecer medidas de política económica y social para ampliar las oportunidades de vida. Además, la educación sexual tendría que contribuir más eficientemente a la formación de una cultura preventiva y a responder a las complejas y emergentes transformaciones del género y las prácticas sexuales en un país donde coexisten dos subgrupos de mujeres: uno mayoritario, con unión temprana, primera relación sexual dentro de la unión e inicio de la vida reproductiva inmediatamente después, y un segundo grupo, minoritario pero creciente, que experimenta el inicio de la vida sexual, de la unión y la procreación en forma más tardía, con un periodo de vida sexual anterior a la unión.
Ahora que se cuenta con mayor conocimiento de esas necesidades, en vez de que los programas se enfoquen a superar las diferencias sociales, hay iniciativas regresivas. Apenas en estos días, sectores ultraconservadores, encabezados por la jerarquía de la Iglesia católica, desconocieron el derecho a los servicios y a la información preventiva que tienen las niñas, los niños y adolescentes, pues intentan censurar la Cartilla Nacional de Salud de Adolescentes, porque incluye la revisión de la salud sexual y reproductiva de quienes tienen entre 10 y 19 años.
El único territorio donde la agenda de los derechos reproductivos y la perspectiva de género se han traducido en reformas legales, en política social y en acciones concretas es el Distrito Federal. Tal vez por eso la Secretaría de Hacienda está cortando drásticamente recursos federales a la ciudad de México, para evitar que se superen las diferencias sociales y poder ejercer mayor control normativo sobre los más desfavorecidos.
