a decisión del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) de convocar a un paro cívico nacional para el miércoles 11 constituye una señal más de la crítica situación que se ha creado ante la tentativa del gobierno de facto de Felipe Calderón de destruir contra la ley y por la fuerza la empresa pública Luz y Fuerza del Centro a fin de proseguir la entrega del sector energético del país a las multinacionales, desconociendo de esta manera (una vez más) el orden constitucional de la República.

1. Un número muy importante de juristas ha alertado sobre la gravedad del contexto actual, marcado por la determinación del gobierno espurio de ignorar con su decreto del 11 de octubre las atribuciones del Congreso de la Unión para arrogarse facultades de las cuales carece, cancelando al mismo tiempo de un plumazo los derechos de 44 mil trabajadores y haciendo inexistente el derecho colectivo del trabajo –todo con el fin de atentar contra los derechos de la nación–, lo que lo sitúa abiertamente en la ilegalidad y como una fuerza política en connivencia con fuerzas del exterior. Muy pocos analistas han advertido, por el contrario, sobre la crítica situación política a la que se está llevando al país al situar tanto al PAN como al PRI en la más absoluta ilegalidad y carentes de toda autoridad política y moral con vistas a 2012.

2. El golpe de mano del régimen contra los trabajadores electricistas y los derechos de la nación está dejando sin viabilidad histórica no nada más a Acción Nacional, sino también a sus aliados del PRI, que no parecen haberse dado cuenta del ridículo que hicieron con la discusión del paquete fiscal para 2010 que evidenció una vez más su ausencia de una idea de nación, confirmándolos como lo que han sido en todos estos años: meros cómplices al servicio del poder panista de facto para ayudarlo a atentar contra la nación y la clase trabajadora y mostrando de paso su connivencia con consorcios del extranjero.

3. El gobierno calderonista ha apostado a todas luces para salir del atolladero histórico en el que se encuentra a la firmeza de los acuerdos de Acción Nacional con Carlos Salinas, lo que le supone seguir recibiendo el aval del PRI a sus actos anticonstititucionales, estimando que saldrá adelante del conflicto a la usanza priísta antigua: utilizando en campañas de desinformación a los medios, con la simulación de diálogo que lleva a cabo en Bucareli Fernando Gómez Mont con una dirigencia espuria del SME y forzando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a ahondar una vez más la situación de ilegalidad en la que se halla el país, negándose a asumir su papel como un órgano de control de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración pública.

4. El cambio en 2000 de un gobierno del PRI –apoyado por el PAN– a un gobierno del PAN –sostenido por el PRI– no llevó a México a ninguna transición democrática, como pretende la versión oficial, sino muy rápidamente a una ruptura del pacto fundamental en que se sustenta la vida colectiva y que se expresa en la Constitución.

5. Este quiebre del orden constitucional de la República culminó en 2006 con la imposición ilegal e ilegítima de Calderón en la silla presidencial –tras unas elecciones que no ganó y en las que sólo un macrofraude electoral le hizo aparecer como supuesto triunfador sobre Andrés Manuel López Obrador, quien había triunfado ampliamente, como se debatió ayer durante horas en la sesión de la Cámara de Diputados–, y ahora se hace más amplio en 2009 con el nuevo atentado de Calderón contra la Constitución al desconocer las atribuciones del Legislativo, vulnerar los derechos individuales y sociales de los trabajadores y desconocer la legislación laboral para hacer viable el proyecto de entregar el control energético del país a corporaciones extranjeras.

6. El país se halla, en consecuencia, no tan sólo en un contexto de ruptura del pacto social entre los trabajadores y el Estado, como denunció el SME el martes 3, sino del mismo pacto nacional como resultado de la situación de quiebre del orden previsto en la Constitución General al atentarse contra los derechos de la nación. Ya desde ahora, según se ha denunciado, trabajadores contratados por grupos privados están llevando a cabo las tareas que realizaba el SME, sin preocuparse el gobierno panista en lo más mínimo por la legalidad de sus actos.

7. La alianza PRI-PAN pretende así seguir gobernando y beneficiándose de manera patrimonial del poder al margen de las leyes de la República. Lo mismo panistas que priístas se saben en la más absoluta ilegalidad y, por lo mismo, buscan legitimarse con una política metalegal de concertacesiones y pactos. Mientras múltiples voces claman por una alianza de las fuerzas democráticas de México que conduzca a otras políticas para sacar al país del atraso en el que lo ha sumido el neoliberalismo, desde Los Pinos se promueve un gran acuerdo nacional en torno a las políticas depredadoras de Calderón –ya negociado, entre otros, con los chuchos del PRD–, empresa en la que pretende ignorar el repudio nacional que tiene. ¿Quién podría avalar ese acuerdo contra México que exigía el miércoles 4 el líder de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas?

8. El gobierno espurio, de espaldas al pueblo y en la más absoluta inconsciencia, solamente quiere seguir cumpliendo a los dirigentes de las trasnacionales que lo encumbraron, y que desde hace lustros reclaman una clase política estable y ya en connivencia con ellos. De ahí que Calderón fragüe ahora enviar al Congreso el viejo proyecto de contrarreforma constitucional a fin de establecer la relección inmediata e ilimitada, para lo que reunió en Los Pinos a los académicos afines al régimen (Federico Estévez, Denise Dresser, José Woldenberg, Soledad Loaeza, Jesús Silva Herzog-Márquez) en la mira de que convaliden este nuevo atentado a la nación, según informó Milenio Diario (5/11/09).

9. Cuando la Cámara de Diputados se aboque el martes 10 a la cuestión de la controversia constitucional, que a todas luces debería presentarse, el país se hallará, por consiguiente, en la más absoluta división, entre una oposición que defiende a un país de leyes, y la alianza de la clase política del PRI y el PAN que de manera tartufa insiste en un México de simulaciones que permita a las mafias que representan seguir prevaleciendo sobre la nación.

10. El respaldo nacional a la lucha del SME es, por consiguiente, una cuestión de supervivencia para el pueblo de México, y este proceso no tiene ya vuelta atrás