Para decirlo claramente: las alternativas de negociación política o movilización para definir los triunfos electorales han quedado desterradas, sostuvo la presidenta de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanís Figueroa.

Al rendir ayer su informe anual de labores, Alanís aseguró que el tribunal electoral se ha convertido en una institución fundamental para dotar de certeza jurídica no sólo a los actores políticos, sino también a los ciudadanos que exigen la tutela de sus derechos.

Ante el pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la magistrada electoral dijo que el significativo aumento de juicios presentados ante el TEPJF y una efectividad de 100 por ciento de casos resueltos han tenido como consecuencia que los actores políticos opten por la vía del derecho para la resolución de las controversias electorales.

Con la presencia del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont; del presidente de la mesa directiva del Senado, Carlos Navarrete, y del dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), César Nava, Alanís Figueroa indicó que la justicia electoral ha demostrado su contribución a la democracia y a la cultura cívica.

Se habla, indicó, de la judicialización de la política, pero “en el tribunal electoral no sustituimos a los ciudadanos; defendemos, eso sí, la legalidad de su voto.

Destacó que las resoluciones más polémicas de los magistrados electorales el año pasado son producto de demandas promovidas por militantes o candidatos de los propios partidos.

Ante las críticas que los partidos políticos han enderezado en contra de dichas resoluciones, Alanís comentó: Es natural que ante un fallo adverso, una de las partes no esté conforme con lo resuelto.

La magistrada destacó algunas transformaciones ocurridas en materia de justicia electoral en el año reciente. En 2009 se pone fin a la idea de que el tribunal resuelve impugnaciones relacionadas exclusivamente con las elecciones federales: ocho de cada diez demandas recibidas estuvieron vinculadas con comicios locales.

Entre las personas –dijo– se extiende la cultura de la legalidad: dos de cada tres asuntos recibidos, fueron juicios ciudadanos; mil 931 militantes presentaron demandas en contra de sus propios partidos.

Han dejado de ser anecdóticos los casos de mujeres que acudían al tribunal. Más de la mitad de los juicios ciudadanos y solicitudes de facultad de atracción fueron presentados por mujeres.

Comentó que el año pasado ha sido el de mayor carga jurisdiccional en la historia del TEPJF. De noviembre de 2008 a octubre de 2009, ingresaron 21 mil 773 asuntos, más de los que había admitido en los anteriores 10 años.

Mencionó que la mejor forma de ejercer el presupuesto y ahorrar recursos, no es a través de la cancelación de proyectos o con la no adquisición de un edificio.