Arturo González de Aragón, auditor superior de la Federación, defendió su derecho a ser ratificado en el cargo para un nuevo periodo de ocho años por la Cámara de Diputados, sin necesidad de someterse a un proceso de selección y responder a una convocatoria pública.

El titular del órgano fiscalizador respondió a la oficina jurídica de la Cámara –nota publicada ayer por La Jornada–, según la cual el auditor tendrá que someterse al procedimiento ordinario de selección y deberá renunciar primero a su puesto para competir en igualdad de circunstancias con otros posibles aspirantes.

Hace unos días la oficina jurídica del órgano legislativo respondió a su vez a un oficio que el auditor envió a la Comisión de Vigilancia el pasado 27 de octubre, en el cual éste dejaba constancia de una presunta expectativa de derecho que lo asistía sobre otros aspirantes al cargo que actualmente ostenta.

González de Aragón esgrime, en una tarjeta de trabajo turnada a La Jornada, diversos razonamientos que, desde su punto de vista, sustentan su pretensión de no responder a dicha convocatoria para ser ratificado en el cargo. Los argumentos se derivan de que la Constitución y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas establecen de manera expresa que el auditor superior de la Federación durará en su encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una vez.

En tercera persona, González de Aragón sostiene: el actual auditor tiene una expectativa de derecho a nivel constitucional para poder ser nombrado nuevamente, por lo cual, previo a la emisión de cualquier acto jurídico (como una convocatoria pública para sucederlo), se debe determinar sobre dicha expectativa.

Ese criterio redunda en que, de no respetarse la mencionada expectativa, se estaría violando la Constitución y, por ende, se viciaría el procedimiento para ratificarlo o nombrar otro. Por ello, una convocatoria pública carecería de validez legal si antes no se resuelve su situación jurídica.

La oficina jurídica de la Cámara sostiene que González de Aragón debe sujetarse al mismo procedimiento que los demás aspirantes, pues la ley muestra con meridiana claridad que no se trata de un proceso de ratificación del cargo, sino de un nuevo nombramiento.

En su réplica, el auditor asevera: el constituyente permanente otorgó una expectativa clara y directa al auditor superior de la Federación de ser nombrado nuevamente sin necesidad de participar en una convocatoria pública.