El grupo de trabajo que analiza en la Cámara de Diputados la viabilidad de la controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro votará hoy qué proceso legal es el más viable contra la decisión del Ejecutivo de cerrar la empresa y liquidar a 44 mil trabajadores.

Alfonso Navarrete Prida, coordinador del grupo, dijo que se recibió el análisis de la Secretaría de Energía donde se fundamentó el decreto de extinción de LFC –clasificado como reservado por 12 años–, así como la documentación del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

El diputado priísta reconoció que jurídicamente existe la posibilidad de que el decreto pueda revertirse con una controversia ante la Suprema Corte de Justicia, por invasión de poderes por el Ejecutivo.

Cualquier acto de autoridad está sujeto al control de la constitucionalidad, y si en un amparo ganan los quejosos y se demuestra que ese acto violó garantías individuales, el acto queda sin efecto, afirmó.

Antes de pronunciarse por un método de impugnación, dijo, con toda imparcialidad y sin prejuicios, se analizará si hay competencia jurídica de la Cámara de Diputados para impugnar el decreto.

Sin embargo, reconoció que están tan polarizadas las posiciones de los partidos en el grupo de trabajo, que lo más sano, después de analizar cada uno de los argumentos, si no hay consenso, se presentarán los dos principales puntos de vista para que el pleno de la Cámara vote y decida.

Explicó que se requiere únicamente del voto de la mitad más uno de los diputados presentes en la sesión para determinar si procede presentar la controversia constitucional, que debe interponerse a más tardar el 24 de noviembre.

–Si se opta por la controversia, ¿se argumentaría invasión de poderes?

–Así es, que el decreto del Ejecutivo violó algunas de las facultades del Legislativo y es contrario a la Constitución.