Presidencia de la República, la Secretaría de Energía y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) tienen hasta el próximo jueves para rendir por escrito un informe previo justificado ante la juez federal Guillermina Coutiño, informaron ayer fuentes judiciales cercanas al litigio.

En ese informe las tres autoridades deberán negar o aceptar si violentaron, como se les imputa, las garantías constitucionales de miles de trabajadores que la semana pasada solicitaron la protección de la justicia federal, al impugnar el decreto de liquidación de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Si alguna de esas tres autoridades no envía su informe justificado, puede ocurrir alguna de dos circunstancias: que la juez posponga el día de la audiencia incidental, programada para el próximo viernes, o que al no recibir respuesta de las autoridades acusadas como responsables de violación de garantías, la juzgadora dé por consentido el acto reclamado y otorgue a los quejosos la suspensión definitiva.

Líderes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), entre ellos Martín Esparza, y cerca de 39 mil trabajadores, firmaron demandas de amparo, individuales y colectivas, que fueron presentadas el pasado miércoles en la oficialía de partes común del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro.

El pasado viernes, la juez Coutiño admitió esas demandas de amparo con las que se impugnó el decreto de liquidación de Luz y Fuerza, concedió a los quejosos la suspensión provisional del acto reclamado, y ordenó a la JFCA que por el momento se abstenga de resolver sobre la terminación de la relación colectiva de trabajo.

La situación no cambia

Las fuentes consultadas precisaron que las suspensiones concedidas no cambian, por el momento, la situación de LFC que sigue en calidad de extinta, con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como proveedora del servicio eléctrico en el valle de México.

De esta forma, Guillermina Coutiño dio inicio a un juicio de garantías en el que se pronunciará sobre la supuesta ilegalidad del decreto emitido el 11 de octubre por el presidente Felipe Calderón.

El juicio de amparo de fondo podría durar varios meses, o incluso más de un año. Mientras, la CFE se mantendrá a cargo del servicio en las áreas que cubría LFC.

Cualquier sentencia que dicte Guillermina Coutiño podrá ser revisada por un tribunal colegiado de circuito o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si ejerce su facultad de atracción.