Terminaron los 11 años de moratoria para la siembra de maíz genéticamente modificado. En lo que resta de éste y el siguiente año, 12.6 hectáreas en Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua serán plantadas con variedades resistentes a plagas del follaje y herbicidas.

Se espera que en los siguientes días las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales informen de los nueve de 35 permisos que en total solicitaron Monsanto, PHI AgroSciences y Dupont Pioneer. Dos de las nueve solicitudes, ubicadas en Valle Hermoso y Río Bravo, Tamaulipas, están en proceso de expedición; las restantes no han sido dictaminadas.

De esas siete que siguen en evaluación, tres están en Namiquipa, Chihuahua, tres en la región de La Laguna, y una en la estación experimental Puerto Vallarta, Jalisco; la mayoría corresponden a Monsanto. Hasta ahora, el gobierno ha otorgado 22 licencias y rechazó cuatro.

En Sonora se hará el primer experimento y el resto se efectuará el próximo año; se estima que las primeras cosechas se tengan en septiembre. La etapa experimental servirá para recabar datos y la información para disipar dudas, demostrar los beneficios y la adaptabilidad de la tecnología al campo, además de generar las bases científicas para la toma de decisiones futuras, aseveró el presidente de Frabrice Salamanca, AgroBio, asociación que integra trasnacionales de la biotecnología.

Para las organizaciones que participan en la campaña Sin maíz no hay país, esas autorizaciones contradicen la Ley de Bioseguridad, ya que son líneas de maíz transgénico basadas en una tecnología obsoleta y algunas contienen combinaciones no desreguladas en su país de origen.

La Unión de Científicos Comprometidos por la Sociedad consideró que en el país no hay infraestructura para cubrir el bimonitoreo (de maíz original y transgénico); de ahí el alto riesgo de contaminación.

Para los integrantes de la campaña Sin maíz no hay país lo que se autorizó favorece a un grupo de empresas que pretenden controlar el mercado nacional de las semillas; lo que está en riesgo es la independencia y capacidad de México de producir su propio alimento y las consecuencias que ello tendrá para los campesinos, el campo y el maíz, el patrimonio más importante de la población.

La experimentación autorizada consta de tres etapas: experimental, piloto y comercial. La primera consiste en sembrar en campos preparados con barreras físicas, químicas y biológicas; la piloto consiste en sembrar en superficies más extensas, pero aún controladas, y la comercial es liberar la venta de las semillas que fueron objeto de experimentación y serán sembradas dentro de los polígonos agrícolas autorizados, principalmente en el norte del país.

AgroBio explicó que las semillas de maíz trasngénico tienen varias décadas de haberse experimentado en otros países y que su compromiso es sembrar sólo las variedades autorizadas para consumo humano o animal.

En la comunidad científica que exige la cancelación de los permisos hay preocupación por el uso del maíz como biorreactor, es decir, su alteración genética para obtener recursos no alimentarios como plásticos, aceites industriales, biocombustibles y fármacos, pues la planta tiene más de 3 mil usos.