Bogotá, 31 de octubre. Mujeres colombianas que acusan a militares de asesinar a sus hijos quieren formar una organización parecida a la argentina Madres de Plaza de Mayo con el propósito de reclamar verdad, justicia y castigo y el fin del conflicto armado.

Nos gustaría conformar una organización como la que existe en Argentina para luchar por una misma causa, declaró Luz Marina Bernal, quien habló en nombre de varias mujeres que afirman que sus hijos fueron reclutados, asesinados y presentados falsamente por los militares como rebeldes izquierdistas abatidos en combate.

Las mujeres son llamadas Madres de Octubre por un sector de la prensa en alusión al mes de 2008 cuando estalló este escándalo de violación a los derechos humanos, conocido en Colombia como falsos positivos, en la ciudad de Soacha, próxima a Bogotá.

Las autoridades investigan al menos mil 273 asesinatos, aunque organismos de derechos humanos y la prensa creen que serían más de 2 mil los casos de falsos positivos atribuidos a miembros de las fuerzas de seguridad, muchos de los cuales fueron destituidos y se hallan bajo arresto mientras avanzan las pesquisas judiciales.

El caso de Soacha, donde al menos 23 jóvenes fueron asesinados bajo esa modalidad e incluyó denuncias documentadas de autoridades locales y organismos humanitarios, se convirtió en emblemático y destapó muchos otros casos ocurridos en diversos sitios.

En Colombia rige la política de seguridad democrática impulsada por el mandatario conservador Álvaro Uribe, en la presidencia desde agosto de 2002.

Las Madres de Octubre señalaron esta semana que denunciarán ante el relator especial de Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias, Philip Alston, las amenazas que han recibido en Soacha, Bogotá y otros lugares donde emprendieron una campaña para pedir que el caso no quede impune.

Denunciaron que se han incrementado las amenazas contra ellas por teléfono, en panfletos y visitas a sus viviendas, y el mensaje de intimidación tiene un mismo patrón: se callan o correrán la misma suerte que sus hijos.

Por otro lado, Colombia quedará a partir del 1 de noviembre bajo la lupa de la Corte Penal Internacional (CPI), que se encargará de juzgar los delitos de lesa humanidad que se cometan en el país, sumido desde hace más de cuatro décadas en un conflicto interno.

La entrada en el ámbito de competencias de la CPI llega tras vencerse la salvaguarda de siete años que pidió el Estado colombiano cuando aprobó su adhesión a esa corte internacional.

A partir de este domingo, el tribunal internacional tendrá la competencia de juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, como esclavitud, exterminio, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, secuestros y terrorismo.

El tema no sólo afecta a guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y bandas criminales que operan en el país, sino también a las fuerzas de seguridad colombianas, que en los últimos años se han visto envueltas en diversos escándalos por ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos que después fueron presentados como abatidos en combate.