El Partido del Trabajo (PT) propuso a la Cámara de Diputados incluir en el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos 2010 un artículo por el cual se prohíba la compra de tiempo en radio y televisión para hacer propaganda gubernamental.

Jaime Cárdenas Gracia, representante petista, refirió que a la fecha se ha presentado un abuso de los ámbitos de gobierno federal y estatal en la compra de tiempo para difundir las obras públicas por medio de la radio y la televisión.

Por eso estoy proponiendo, no recursos, sino que en el presupuesto de 2010 se prohíba la compra de tiempo en radio y televisión para hacer propaganda gubernamental y que se utilice íntegramente el tiempo del Estado para fines de difusión.

A lo largo de una prolongada sesión en el salón de plenos, el priísta César Augusto Santiago solicitó que el órgano camaral demande al secretario de Hacienda, Agustín Carstens, explicar por qué concedió un incremento adicional de 100 millones de pesos a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el ejercicio fiscal 2009 sin fundamento legal y sin atribuciones para ello.

En un punto de acuerdo el representante del Partido Revolucioario Instucional (PRI) adujo que desde julio pasado fue detectada tal irregularidad, que mereció una denuncia de hechos formulada ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la 60 Legislatura de la Cámara de Diputados, por la posible constitución de delitos cometidos por servidores públicos federales en funciones y en perjuicio de la Federación.

También recordó en tribuna que en 2003, el auditor Arturo González de Aragón solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una ampliación presupuestal, y la respuesta redundó en que esa dependencia no contaba con atribuciones para otorgar autorizaciones presupuestales porque el órgano fiscalizador no era un ente sectorizado del Ejecutivo federal.

En su turno, el perredista Mauricio Toledo presentó una iniciativa de reforma a los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución con la finalidad de eliminar las pensiones vitalicias de los ex presidentes de la República.

El representante argumentó que su propuesta pretende armonizar el actual orden jurídico con la realidad económica y social de la población, debido a que las condiciones de pobreza y marginación de millones de mexicanos se han recrudecido a consecuencia de la actual crisis económica y la falta de aplicación de políticas públicas efectivas.