Clasificar como reservada la información por cuestiones de seguridad nacional debe ser la excepción, coincidieron Ivette Chin, coordinadora del Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, y David Gaitán, coordinador del Programa de Acceso a la Información de Guatemala.

Al debatir en el panel denominado Los límites de la seguridad nacional, en el segundo día de trabajos de la sexta Semana Nacional de Transparencia, destacaron que las razones de seguridad nacional no pueden ser el pretexto para que los gobiernos reserven información que debe publicarse.

Los gobiernos, dijeron, deben abandonar su actitud defensiva y, con voluntad política, abrir toda aquella información que no comprometa la seguridad de un país.

En su exposición, Chin dijo que la organización no gubernamental que encabeza se encarga desde hace 25 años de solicitar información que el gobierno de Estados Unidos clasifica en tres niveles: secreto máximo, secreto y confidencial.

El lapso de clasificación va de 25 a cinco años, y la desclasificación de la información de seguridad nacional es un tema sumamente difícil, ya que puede transcurrir el cuarto de siglo y no se desclasifican los documentos.

A la fecha, dijo la expositora, intereses políticos y la agenda mediática han incrementado en Estados Unidos el número de archivos clasificados. Los vaivenes políticos internos, así como las reconfiguraciones de las relaciones internacionales y geopolíticas, han modificado los criterios de clasificación de la información.

En tanto, Gaitán indicó que no existe un mecanismo que permita a los gobiernos determinar, de manera sencilla, qué información debe ser reservada en el ámbito de la seguridad nacional. No obstante, aseguró que se pueden y deben tomar medidas para evitar que, bajo el argumento de la seguridad nacional, los organismos públicos nieguen datos a los solicitantes y con ello limiten el derecho de acceso a la información.

Aparte, al participar en el panel sobre La agenda de transparencia en los municipios, Guillermo Cejudo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), advirtió que a dos años de la reforma constitucional en la materia, en los más de 2 mil municipios de México no se tienen capacidades para cumplir sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.