Habitantes del poblado Las Pesadas, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, aseguraron que el conflicto de límites entre el gobierno de ese estado y el de Colima ha convertido la región en un territorio sin ley donde se violan derechos humanos, culturales y ambientales.

En conferencia de prensa que ofrecieron ayer en la ciudad de México, exigieron que intervenga el gobierno federal, pues personas armadas llegaron a su comunidad y han intensificado el hostigamiento contra los pobladores, a quienes desde 1920 se ha pretendido despojar de sus propiedades, ricas en yacimientos de hierro.

Detallaron que el 16 de octubre el regidor del ayuntamiento de Cuautitlán, Javier Flores Elías, fue atacado con armas de fuego cuando circulaba por la carretera Cuautitlán-Ayotitlán.

Debido a los ataques contra líderes de comuneros, recordaron, diversas organizaciones han solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Aseguraron que autoridades de Colima no han querido esperar a que el conflicto se resuelva por la vía legal y han emprendido acciones violentas para que los pobladores desistan de su búsqueda de justicia, entre ellas el cerco a la población por la policía estatal de Colima, la municipal de Minatitlán y agentes judiciales, detenciones arbitrarias de autoridades de Jalisco, tala clandestina y la presencia de gente armada desconocida en la región.

Mientras tanto, alrededor de 100 miembros de la organización no gubernamental Frente Ciudadano Prodefensa de los Límites Territoriales de Tecate se manifestaron ante el Congreso de Baja California, donde sostuvieron que, de manera furtiva, Tijuana ha despojado a Tecate de más de 500 kilómetros cuadrados de terrenos durante una década, y exigieron a los diputados locales que se resarza el daño.