Alejandro Muñoz, opositor de Martín Esparza en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), se reunió ayer con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a quien entregó una carta de peticiones cuyo eje es la negociación entre los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y el gobierno federal.

Aunque Esparza encabeza la estrategia de acudir a la vía judicial para revertir el decreto de extinción de LFC, Muñoz busca la recontratación de empleados con base en un proceso de recomendación de personal para ocupar las vacantes en la Comisión Federal de Electricidad. En ese sentido, considera inadecuada la vía de los amparos de los afiliados al SME.

El camino es el diálogo, porque el abogado que va a llevar los amparos, Néstor de Buen, comentó que pueden tardar hasta tres o cuatro años. Y no sé quién aguante sin comer tantos años. Entonces, yo apuesto por el diálogo (con el gobierno) para darle solución a 44 mil familias que están despedidas (sic), declaró Muñoz, antes de su encuentro con Gómez Mont.

No podemos, añadió, esperar un proceso que va a durar cuatro o cinco años y que a la mera hora nos digan que no procede.

Reiteró su opinión de que el decreto de extinción es irreversible. Lo de los amparos, dijo, es causa perdida. Que no lo quiera reconocer (Esparza) es otra cosa, expresó.

En punto de las 12:20, el también tesorero del SME (con toma de nota para este cargo hasta 2010, según informó), quien impugnó el proceso electoral interno con base en el cual Esparza tomó posesión como secretario general, entró al Palacio de Covián donde ya lo esperaban Gómez Mont y el subsecretario de Gobierno, Gerónimo Gutiérrez.

En el encuentro, de casi 50 minutos, Muñoz solicitó la devolución de los recursos correspondientes al seguro sindical y la extensión de los servicios del IMSS por seis meses (cuatro más de lo que marca la ley) para los trabajadores despedidos tras el decreto presidencial de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, en vigor desde el 11 de octubre pasado.

Además, pidió recibir a una representación de jubilados del SME para brindarles información sobre el fideicomiso en el que estarán incluidos y sumar en ese paquete a trabajadores que estaban en proceso de retiro hasta seis meses antes del decreto.

La carta entregada a Gómez Mont está firmada por Muñoz como secretario tesorero; Margarito López, secretario de actas y acuerdos, y Mario Anselmo García Carmona, procurador. Al término del encuentro, Gobernación emitió un comunicado en el que hizo referencia a la entrevista con el señor Muñoz, acompañado de otros trabajadores del extinto organismo Luz y Fuerza.

Esta dependencia –precisa el boletín– tiene la obligación de promover en todo momento el respeto a los derechos de trabajadores y jubilados y la construcción de alternativas productivas y laborales.

La Secretaría de Gobernación ofreció analizar con detenimiento y seriedad dichos planteamientos, así como dar respuesta oportuna en términos de ley, con el objetivo de hacer valer los canales institucionales que mantienen la concordia en el país.

Muñoz dijo que no acudió a Bucareli en busca de una posición política, sino para negociar la reinstalación de sus compañeros. No se le dio una fecha para recibir respuesta a su pliego de peticiones, aunque señaló que acudir con el gobierno no es estar debilitado ni ser traidor.

Precisó: “Yo veo desviación de la propia lucha (de Esparza). Si el gobierno federal no se ha cerrado a atendernos, entonces ¿por qué seguir peleando? (…) El SME va a cumplir en diciembre 95 años de existencia y si ha salido adelante en los momentos más difíciles es porque ha sabido negociar”, dijo.

En tanto, fuentes de Gobernación precisaron que Francisco Hernández Juárez, líder del sindicato de telefonistas, de la Unión Nacional de Trabajadores y diputado federal, se entrevistó el lunes pasado con Gómez Mont.