El gobierno actual, igual que el anterior, mantiene un ataque frontal contra el sindicalismo independiente, además de que las autoridades laborales han fallado indistintamente en contra de los trabajadores en diversas disputas que se han presentado en este sexenio, e incluso han autorizado recorte de contratos colectivos, prestaciones y sistemas de pensiones, advierten diversas organizaciones laborales.

Denuncian que no ha sido sólo el embate contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ya que también la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) ha fallado contra las huelgas mineras, ha permitido el recorte de prestaciones para trabajadores del sector aéreo, ha archivado por tres años consecutivos las demandas de incremento salarial de los sobrecargos, favoreciendo a la patronal, además de que no ha obligado a que los patrones cumplan sus compromisos laborales, como en el caso de Vidriera del Potosí.

En cambio, cuando un tribunal ordenó que se quitara la toma de nota a Carlos Romero Deschamps como secretario general del sindicato petrolero, las autoridades laborales cumplieron, pero en pocos días le dieron otra.

El Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, la Alianza de Tranviarios, la sección 9 del SNTE, el Frente Auténtico del Trabajo, el Centro de Reflexión y Acción Laboral, entre otras organizaciones, apuntaron lo anterior al confirmar que muchos de estos casos se revisarán hoy en el Tribunal Internacional de Libertad Sindical. Al respecto, el catedrático y experto del sector laboral José Alfonso Bouzas planteó que “la precarización del trabajo ha sido una constante en el régimen del presidente Felipe Calderón, mientras que el líder de la Alianza de Tranviarios, Benito Bahena, sostuvo que éste ha sido uno de los sexenios donde la política antiobrera ha alcanzado su clímax.

Bouzas advirtió que prácticamente se están acabando los sindicatos independientes y la gran mayoría de los gremios están bajo contratos de protección. Sin embargo, a los dirigentes de estos sindicatos fantasmas las autoridades laborales sí les dan la toma de nota, se les permiten relecciones eternas, no se objeta el manejo de sus recursos e incluso en algunos casos, como en el sindicato petrolero y el del magisterio, no se cuestionan las millonarias transferencias de recursos gubernamentales para estas organizaciones y hasta los funcionarios son amigos de los líderes.

Pedro Hérnandez, representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la sección 9 del SNTE, recordó, por ejemplo, que hace cinco años Elba Esther Gordillo se declaró lideresa vitalicia de esta organización; sin embargo, ella sí es amiga del gobierno en turno. Explicó que hay un fallo de un tribunal para que se convoque a elecciones en esta sección 9, porque Gordillo Morales impuso hace un año a una persona cercana a ella al frente de esta representación, pero no se quiere respetar esta determinación judicial.

En México ocurren graves violaciones a la libertad sindical; se ponen trabas a sindicatos en constitución, como la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros, el Sindicato 20 de Noviembre del Valle de México o el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de la Salud.

Héctor de la Cueva, del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, apuntó que la autonomía de los sindicatos auténticos es vulnerada constantemente por la intromisión abierta del Estado, pues en general el registro o reconocimiento de sus direcciones electas están sujetos a la mayor arbitrariedad de las autoridades laborales.

Los trabajadores mexicanos se ven obligados a recorrer un verdadero vía crucis para contar con un sindicato auténtico y casi nunca lo consiguen; muchas veces pierden su trabajo y arriesgan incluso su integridad física, por lo que resulta una cruel ironía, una contradicción y una simulación inadmisible que el año pasado el gobierno mexicano haya sido admitido como integrante del comité de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), concluyó.