En los días previos al cierre de Luz y Fuerza del Centro (LFC), la gerencia comercial de este organismo reportó cuentas por cobrar por al menos 2 mil 160 millones de pesos, correspondientes a empresas privadas que presentan adeudos hasta de ocho años de antigüedad. Sin embargo, mantienen el servicio de energía eléctrica debido a convenios formales e informales autorizados por altos funcionarios de este organismo y también por amparos en el Poder Judicial.

Además de las altas deudas de dependencias públicas y embajadas, en las cuentas especiales (clasificadas así por el alto nivel de consumo) hay una factura por cobrar por 212 millones de pesos (del ramo textil), tres por más de 100 millones, una por 71, dos por más de 60, tres en el rango de los 50 y tres más por más de 40 millones de pesos.

También, cuatro en el nivel de 30 a 40 millones de pesos, nueve empresas con adeudos de entre 20 y 30, una veintena más con facturas por pagar entre 10 y 20 millones y 19 con deudas de entre 5 y 10 millones de pesos.

La mayoría corresponde a la industria de la transformación: fábricas de textiles, hule, plástico, papel, madera, hierro, aluminio, químicos y piel, aunque en la lista de morosos también hay escuelas, gasolineras, hoteles, panaderías, productores de hielo, bodegas, lavanderías, oficinas, cines, cremerías y más.

De acuerdo con el último reporte del grupo interdisciplinario de recuperación de pérdidas no técnicas (con corte al 29 de septiembre pasado), y con trabajadores del área encargados de captar los pagos y regularizar los adeudos de las cuentas especiales, LFC está dejando de ingresar cada día, desde el 11 de octubre pasado, 150 millones de pesos. Es decir, desde el decreto presidencial de extinción de LFC (y hasta hoy lunes 26 de octubre) el erario ha dejado de captar 2 mil 400 millones de pesos, correspondientes a la facturación de los grandes consumidores de la zona centro del país.

Este cálculo se basa en el reporte diario de las cuatro cajas receptoras de pagos de cuentas especiales y los ordinarios de transferencias bancarias. Según los trabajadores consultados, la cartera vencida de todas las cuentas especiales asciende a 7 mil millones de pesos, incluidos los 2 mil 600 millones de empresas y el resto de dependencias del gobierno federal.

“La pregunta es: cuando se ordene a los clientes acudir a la Comisión Federal de Electricidad para hacer un nuevo contrato, en el entendido de que la extinción de LFC es una decisión irreversible, según el gobierno, ¿cómo cobrarán el consumo ocurrido del 11 de octubre a la fecha, si CFE hace sus tomas de lectura vía satélite y los medidores de la zona centro del país son anticuados, incompatibles con esa tecnología?

Además, ¿qué pasará con los adeudos actuales y con los recibos que no se alcanzaron a cobrar hasta el 10 de octubre (día de la irrupción de las fuerzas federales en LFC)?, preguntan trabajadores del área de cuentas especiales.

De una lista de 541 cuentas atendidas por el grupo interdisciplinario en referencia, a cargo de Fernando Vázquez, 113 aparecen con ajustes pendientes, es decir, los cargos reportados hasta el 29 de septiembre podrían ser mayores, toda vez que en estos grandes clientes también hay fraudes, es decir, diablitos en gran escala, para evadir en el medidor los cobros reales de consumo de energía eléctrica.

La lista de los servicios atendidos por el grupo interdisciplinario –cuya copia tiene La Jornada– revela también cuentas que difícilmente podrían ser cobradas, porque los empresarios acuden a diversas estrategias para evadir los pagos, lo mismo con medidores alterados que con cambios de domicilio e interposición de amparos judiciales.

En el documento citado se apuntan como observaciones: predio abandonado, huelga, cortado, no hay equipo, servicio en observación, sin firma de convenio, en trámite denuncia penal, amparo, convenio/adeudo, servicio conectado directo, en trámite jurídico, pendiente verificar construcción y sin carta factura.

Además, han procedido reconexiones de servicios por orden judicial, como en el caso de una empresa de plásticos y polietileno que presenta un adeudo de poco más de 10 millones de pesos. En tanto, otros pagos por cerca de 180 millones están pendientes gracias a que cuentan con una denuncia penal en trámite o amparo.

Trabajadores de la gerencia comercial, del área de recuperación de pérdidas, explicaron que las empresas e industrias presentaban adeudos altos tras la verificación de sus sistemas de medición. Al detectarse las fallas o fraudes, se les cobraba el consumo no reportado. Sin embargo, podían seguir con el servicio haciendo uno o varios pagos mínimos y parciales, pero sobre todo a negociaciones con altos funcionarios de LFC, aun cuando se les comprobó –en diversos casos– que tenían manipulado su equipo de medición.

Por ejemplo, señalaron, un usuario con un adeudo de 132 millones de pesos realizaba un pago de 5 millones para seguir teniendo el servicio.

Los trabajadores señalaron como principal responsable de estos convenios irregulares al subdirector general de LFC, Juan Antonio Zapata.

“Cuando se hacían operativos para cortar servicios por falta de pago de grandes industriales, los clientes nos decían: ‘ya hablé con el ingeniero Zapata y ya me arreglé con él’. En otras ocasiones ahí mismo, en las empresas, nos comunicaban a la subdirección general de LFC y sus colaboradores nos ordenaban: ‘deja ese servicio tal y como está’, y ya”, señalaron trabajadores entrevistados por este diario.

Pero los deudores tenían sus mañas para seguir teniendo el servicio, agregan. Simplemente iban a LFC a firmar un nuevo contrato, incluso sin cambiar la planta, sólo colocando la dirección de una entrada alterna.

Grandes empresas se libran de hacer estos pagos vía exención de impuestos, fraudes o convenios, pero no con trabajadores, sino con funcionarios, quienes según los sindicalizados tenían la encomienda de ponerle en la madre a Luz y Fuerza.