El consejo de administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) aprobó el jueves pasado el nombramiento de Carlos Rafael Murrieta Cummings como nuevo director corporativo de operaciones de la paraestatal, en sustitución de Raúl Alejandro Livas Elizondo.

Murrieta Cummings podría enfrentar un conflicto de intereses, pues según información oportuna es además representante en México de la empresa de consultoría estadunidense McKinsey Company, proveedora y contratista de Pemex.

McKinsey & Company Inc México tiene entre sus principales actividades la prestación directa o indirecta de servicios de consultoría en alta dirección de empresas, en cualquier clase de actividades, en general, y en particular, sin limitación, en estrategia, operación, finanzas, manufactura, mercadotecnia, compras, ventas, relaciones públicas, sistemas de información, publicidad, investigación, desarrollo y trabajo experimental, a entidades del sector público o privado, tanto en el país como en el extranjero.

El nombramiento se aprobó después de que el director general de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel, propuso en el cargo a Carlos Rafael Murrieta.

Otro funcionario que procede de McKinsey Company es Esteban Levín Balcells, actual director corporativo de finanzas de Pemex, quien se desempeñó como consultor en el sector petrolero de esta firma internacional. Hasta ex directores generales de la paraestatal se desempeñan ahora como asesores senior de McKinsey & Company.

A McKinsey Company se atribuye la autoría intelectual del desmantelamiento de Pemex para convertirla en simple administradora de contratos. Poco a poco fue sustituyéndose la histórica capacidad tradicional de los técnicos mexicanos dentro de Pemex, quienes progresivamente vieron reducir su papel a simples supervisores de la operación realizada por empresas extranjeras. A la par, la estrategia fue dejada en manos de la consultora McKinsey.

Desde el sexenio de Vicente Fox y en la actual administración McKinsey ha sido una de las empresas beneficiadas con contratos de consultoría y asesoría para la paraestatal. Sin embargo, su participación en la reorganización de Pemex data de principios de la década de los noventas.

Algunos de los contratos adjudicados a McKinsey fueron severamente cuestionados por la comisión de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, debido a que Pemex no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la ley de adquisiciones, así como con la Ley Federal de Presupuesto, el procedimiento de adjudicación, ejecución y control de la adquisición de servicios técnicos pagados a terceros, y el correcto registro en la contabilidad y cuenta pública.