Buenos Aires, 23 de octubre. Un tribunal oral federal de Buenos Aires condenó a reclusión perpetua al ex general del ejército Jorge Olivera Róvere y al ex capitán Bernardo José Menéndez, por delitos de lesa humanidad cometidos en el primer cuerpo de la institución durante la última dictadura militar.

Por otra parte, la justicia dispuso la libertad de los ex coroneles Felipe Jorge Alespeiti, Humberto José Lobaiza y el general Teófilo Saa, lo que provocó el disgusto de familiares de desaparecidos en esa jurisdicción.

Olivera Róvere, de 83 años, negó responsabilidad en 116 secuestros y dos homicidios que se le imputaron y dijo que no ejerció ni impartí órdenes que puedan lesionar los derechos humanos.

Los militares absueltos estuvieron al frente del Regimiento de Patricios durante los años en que se registraron la mayor cantidad de denuncias de secuestros y desapariciones en el área del primer cuerpo de ejército.

Grave resultó también para familiares de las víctimas que el tribunal postergara forma y lugar de cumplimiento de la pena a la que fueron condenados Olivera Róvere y Menéndez, que seguirán en libertad ya que cuando llegaron al juicio estaban excarcelados.

Olivera Róvere fue mano derecha de uno de los más importantes militares de la dictadura, el ya fallecido general Carlos Suárez Mason, que además fue hombre clave en el accionar de la Agencia Central de Inteligencia y la Liga Anticomunista Mundial en la región.

A los cinco juzgados en esta ocasión se les imputaron 141 secuestros, cuatro homicidios y decenas de casos de tormentos, que conforman la llamada megacausa del primer cuerpo de ejército.

Las defensas fueron cínicas en estos hombres que dieron órdenes que significaron el secuestro, la desaparición, los asesinatos y tormentos para miles entre los 30 mil desaparecidos.

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre consideró que el fallo, cuyos fundamentos se conocerán el 10 de diciembre, debe ser considerado integralmente, por lo que las condenas a reclusión perpetua “se ven opacadas y contradichas por la absolución de quienes fueron nada menos que jefes operativos en la ciudad de Buenos Aires del genocidio que ejecutó la dictadura cívico-militar del general Jorge Videla.

De este modo –dicen– el tribunal oral federal número cinco pretende instalar la teoría de obediencia debida cuando sólo se condena a los altos jefes y absuelve a los jefes de área pese a que en el fallo de la causa 13 se afirmó la existencia de un plan de exterminio llevado adelante institucionalmente por las fuerzas armadas y el Estado Argentino en su conjunto reclamando, ya en 1984, el juicio y condena de la cadena de mandos que arrancaba en la junta militar y llegaba hasta el centro clandestino de detención y tortura.