Buenos Aires, 21 de octubre. El juez federal argentino Daniel Rafecas elevó a juicio oral la causa en que se juzga al ex presidente Fernando de la Rúa (1999-2001) y otros funcionarios de su gobierno, por el presunto pago de sobornos en el Senado en 2000 para aprobar una ley de reforma laboral, que terminó con una serie de conquistas sociales y laborales en el país, y ahora está derogada.

Este es el primer juicio oral que enfrentará De la Rúa después de su renuncia el 20 de diciembre de 2001 en el marco de una rebelión popular recordada como el argentinazo.

La causa que además involucra a otros funcionarios de su gobierno como el ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) Fernando de Santibáñez, fue remitida al Tribunal Oral Federal 3, pero aún no existe fecha de inicio.

El ex mandatario se quejó del manejo de esta información, y dijo que se está montando un escándalo nacional con la noticia, al afirmar que no existe nada que lo vincule con los hechos; calificó el fallo como una herejía jurídica.

También están citados en este juicio el ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto (el arrepentido que denunció el caso) y varios senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) y del peronismo de derecha, procesados desde agosto de 2006.

Se consideró que el pago de sobornos para aprobar la reforma, que demandaba el Fondo Monetario Internacional (FMI) y para lo cuál se destinaron 4.3 millones de pesos, (poco más de un millón de dólares al cambio actual) fue un acto del gobierno liderado por De la Rúa como presidente.

Estas señales de corrupción fueron advertidas por el entonces vicepresidente Carlos Chacho Alvarez, quien renunció en desacuerdo, con lo cuál se desmoronó la alianza que unió a figuras de la UCR con el Frepaso de centroizquierda, integrado por socialistas, izquierdistas y peronistas progresistas, entre otros.

En tanto, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina y la Unión de Trabajadores del Estado (UTE) marcharon hoy en demanda de la renuncia del ministro de Educación del gobierno de Buenos Aires, Mariano Narodowski, después de conocerse que ese ministerio tenía contratado como auditor a Ciro Gerardo James, detenido por espionaje al familiar de una víctima de la Asociación Mutual Israelita Argentina, Sergio Burstein.

Los docentes acusaron a James de espionaje contra los maestros en conflicto con el gobierno del empresario Mauricio Macri de la derechista Propuesta Republicana (PRO) y pidieron también la renuncia del ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Guillermo Montenegro.

Legisladores de la oposición se sumaron a estos pedidos. El secretario adjunto de UTE, Alejandro Demichelis denunció que James fue contratado en la auditoría en el momento más álgido del conflicto docente enfrentados con la gestión PRO cuando se pedían informes de la asistencia de los docentes y los nombres de los estudiantes en las escuelas tomadas, lo que desató una verdadera caza de brujas.

Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y la Defensoría General del Poder Judicial de la Ciudad reclamarán este jueves al gobierno de Macri que disuelva la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) presentando un informe donde se detallan las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por ese organismo, que actúa contra los indigentes y los pobres como un verdadero escuadrón de la muerte.

Esto sucede en el marco en que se prepara una denuncia judicial y pública de diversas organizaciones contra los anuncios golpistas de la ultraderechista Unión de Organizaciones Democráticas de América Latina (UnoAmérica), sobre la decisión de 20 ONG de Argentina que pertenecen a esa fundación, promoverán la destitución de (la presidenta argentina) Cristina Kirchner en el marco de la Constitución y normas de la democracia, como sucedió en Honduras con el presidente Manuel Zelaya, por considerar al gobierno local ajeno a los intereses de los argentinos, enmarcado dentro del Foro de Sao Paulo y dentro de los objetivos del Comandante (Hugo) Chávez de Venezuela.